La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a los gobiernos de los estados de Coahuila y de Veracruz envíen un informe preciso a esta soberanía acerca del manejo que le han dado a la deuda pública.
A través de dos dictámenes con punto de acuerdo, la Comisión Permanente avaló, en su primer dictamen, solicitar al gobierno del estado de Coahuila que, en un término no mayor a 15 días naturales, remita un informe detallado, sobre el proceso de reestructuración de la deuda pública contraída por esa entidad.
Asimismo, pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) que, en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta soberanía un informe que detalle el estado en el que se encuentran las diversas denuncias hechas en contra de los servidores públicos del estado de Coahuila, acusados por diversos delitos relacionados con dicha deuda.
En este contexto, la Comisión Permanente requirió al gobierno del estado de Veracruz para que en un término no mayor a 15 días naturales, remita un informe pormenorizado sobre el estado que guarda la deuda pública en la entidad.
En las consideraciones de ambos dictámenes, se destaca que en mayo del presente año entró en vigor la reforma constitucional en materia de disciplina financiera de los estados y municipios.
Ésta, precisa, dota de facultades al Congreso de la Unión, mediante el artículo 73 fracción VIII, para establecer en las leyes las bases generales para que los estados, el Distrito Federal y municipios puedan incurrir en endeudamiento; los límites y modalidades bajo los cuales dichos órdenes de gobierno podrán afectar sus respectivas participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan.
Destacan que el espíritu de la reforma constitucional en materia de disciplina financiera es buscar la transparencia y la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos y de aquellos provenientes de la adquisición de deuda por parte de los gobiernos estatales.
De esta forma, se expone que la evolución de la deuda del estado de Coahuila ha mermado notablemente no solo las finanzas del gobierno de aquella entidad, sino las condiciones de vida de los coahuilenses, ya que una mayor deuda se ha traducido en mayores impuestos y no en una mejor calidad en los servicios públicos.
Además, admite la necesidad de que la PGR informe a la sociedad mexicana sobre los avances de las medidas legales contra servidores públicos del estado de Coahuila.
Por otro lado, en las consideraciones del segundo dictamen, la Tercera Comisión reconoce que la situación de la deuda del estado de Veracruz es una de las más alarmantes del país, y adquiere una relevancia mayor ante la posibilidad de que no se tenga la información completa sobre la situación real de las finanzas públicas de esa entidad, subrayan los proponentes: el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y el senador Manuel Bartlett Díaz, ambos del Partido del Trabajo.