La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) marca un hito en la legislación que protege a este sector; sin embargo, su aplicación es una tarea que llevará algún tiempo y aún queda pendiente la armonización de la ley y las instituciones con las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños de Naciones Unidas.
En su investigación “La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: génesis del Estado de Derecho para la infancia y adolescencia en México”, establece que se requiere un amplio proceso de revisión de la legislación en el país, tanto a escala federal como en la estatal y municipal.
Lo anterior debido a que la nueva ley, aprobada en noviembre del año pasado, implica un tratamiento jurídico a la infancia y adolescencia distinto del que se encuentra plasmado en leyes, reglamentos y normas actuales, por lo que debe haber una revisión minuciosa a fin de armonizar esos instrumentos jurídicos con esta legislación.
La diferencia radica en que aunque en la Constitución los niños, niñas y adolescentes son reconocidos como sujetos de derechos, éstos quedaban reservados sólo para los “agentes autónomos”, es decir, a aquellos con capacidad para tomar decisiones independientes.
El IBD señala que algunos de los ordenamientos que necesitan reformarse urgentemente para la aplicación de la LGDNNA son: la Ley General de Educación, el Código Civil Federal, la Ley de Asistencia Social, la Ley de Migración, la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, la Ley Federal del Trabajo y la Ley de la Juventud.
Además, la investigación detalla las instituciones que deben ser creadas a partir de la ley, y las cuales llevarán tiempo; éstos son: los sistemas de protección integral y sus secretarías ejecutivas y las procuradurías de protección, en los niveles nacional, estatal y municipal.
Por otro lado, a pesar de que la LGDNNA desarrolla y amplía los derechos contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, y establece obligaciones correlativas, así como mecanismos para su garantía; aún quedan importantes desafíos que deben ser abordados en los próximos años para lograr la garantía plena de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes como sujetos jurídicos, señala el IBD.
Uno de ellos implica a los menores de edad privados de cuidado parental, “sin duda uno de los sectores más invisibles y vulnerados de la sociedad”, refiere la investigación.
Otros desafíos son: trabajar en la accesibilidad de los mecanismos de garantía, restitución y reparación de los derechos; la aprobación de leyes y la creación de los sistemas y procuradurías en las entidades federativas y municipios; la armonización legislativa transversal en el ámbito federal; y las libertades, especialmente el derecho a intervenir en todos los asuntos que los afectan.
La investigación “La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: génesis del Estado de Derecho para la infancia y adolescencia en México”, de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez, puede ser consultada en la dirección electrónica: www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/ci/CI_5_DGIE.pdf