Chihuahua pasó de convertirse en una valle de sangre a un valle de cenizas, las cuales recrudecen o se avivan en algunas regiones, sobre todo aquellos municipios que colindan entre los límites con Sonora, Durango y Sinaloa. Para muestra se encuentran las ejecuciones que se han generado en comunidades de Guadalupe y Calvo.
Morís es un municipio serrano que cuenta, en su cabecera municipal, con seis elementos policiacos para un universo de aproximadamente 2 mil 500 habitantes, según datos proporcionados por el presidente municipal, Manuel Camargo Perea, quien refiere que la falta de presupuesto ha generado el despido de agentes.
Por las calles, se percibe en ocasiones la presencia de elementos militares y agentes de la Policía Estatal Única, alrededor de cuatro patrullas rondan las principales calles de la comunidad. Sin embargo, esto dista de ser un patrullaje permanente, según destaca el presidente municipal.
Los habitantes de la región son cuestionados sobre esas condiciones de seguridad recuperadas, pero denuncian que el pueblo es una comunidad de día. Aclaran que viven amagados por las actividades ilícitas del narcotráfico, sobre todo lo relacionado con las ejecuciones.
Entre los grandes cerros, los casquillos percutidos pueden hacer eco y las familias, en su mayoría compuestas por mujeres jóvenes, adultos mayores y niños, se esconden durante el periodo de noche para resguardarse de “aquellos que bajan” y ejecutan a los suyos o a los otros.
El toque de queda deja de ser institucional. La misma población conoce el momento en que las puertas de sus casas se cierran. En ocasiones, los seis elementos que los resguardan solicitan que no salgan, puesto que su condición de agentes preventivos no les permiten reaccionar. No hay equipamiento, las patrullas envejecen, así como el pueblo temeroso.
“Así nomás, está peligroso, hay gente desconocida que es mala, en la noche ya no se sale, tenemos miedo de las cosas que pasan, el domingo pasado hubo dos ejecuciones, no podemos verlas pero escuchamos”, cuenta una mujer de aproximadamente cuarenta años. Jamás ha salido de la comunidad. “Necesitamos más policías, los refuerzos que llegan no son suficientes”, interrumpe una joven mujer a su madre.
El temor es generalizado, el miedo infundido sale de la población. Algunos, sobre todo los adultos mayores no creen en los elementos del Ejército Mexicano, no sienten seguridad o paz por verlos en el pueblo, igual da con los agentes estatales, refieren. El narcotráfico está reclutando a sus jóvenes, la falta de empleo los orillan a aceptar. Morís es un municipio ganadero, pero los apoyos tampoco llegan para explotar la producción.
El edil de la comunidad aledaña al estado de Sonora cuenta que el apoyo de elementos militares y ministeriales es solicitado esporádicamente. Las condiciones que los orillan a buscarlos son por señales de alerta, las cuales son informadas o las cuales solamente se conocen, a veces hasta por intuición, dicen dos ancianos sentados a las afueras de un centro de rehabilitación del DIF.
“Nos dicen que grupos intentan bajar, nosotros solicitamos el apoyo”, aclara el alcalde, quien señala que son las muertes violentas las que se escuchan, las que conocen los habitantes.