Con el propósito de hacer más fácil los trámites legales para quienes tienen algún integrante de la familia incapacitado, y sobre todo para no afectar su economía, el diputado del Partido Acción Nacional, Humberto Pérez Mendoza, propuso modificar las leyes para simplificar la declaración de interdicción.
Con esto, se dotaría al juzgador civil o familiar que conozca de este tipo de asuntos de facultades amplias y bajo su más estricta responsabilidad para determinar de manera inmediata ante una simple comparecencia por quien se haya venido haciendo cargo del presunto incapaz y previo análisis del expediente médico, oír el parecer del Ministerio Público, y dos testigos de familiares, declare el estado de interdicción de la persona cuando éste sea evidente, casos específicos como “síndrome de down, lesión cerebral congénita, personas en estado vegetativo” por mencionar algunos.
Cabe señalar que actualmente, para declarar la interdicción en una persona “resulta tedioso, engorroso y todo un calvario, debiendo primeramente destacar el número de médicos necesarios para decretar el estado de interdicción, mismos que cobran honorarios muy altos para verter diversas opiniones, diagnósticos y proyecciones, aunado a esto, en la práctica profesional se presentan algunas dificultades”, indicó Beto Pérez.
“Se requieren dos reconocimientos médicos de por lo menos dos especialistas alienistas, siendo necesario que acudan ante el tribunal en dos audiencias en distintos momentos, situaciones que conlleva a muchas personas no interponer el juicio por el exceso de cobros, poniendo en un eminente riesgo el patrimonio, la salud e incluso la propia vida del presunto incapaz”, indicó.
El diputado del PAN dejó en claro que “es irrisorio que familiares y la propia persona incapaz, pase por todo un procedimiento legal para declarar el estado de interdicción de una persona que a todas luces o a simple vista es incapaz, además que existen estudios o diagnósticos que amparan dicha incapacidad”.