La Comisión Permanente aprobó en la sesión de este miércoles un dictamen que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a que sigan trabajando para lograr una implementación exitosa del nuevo sistema de justicia penal, en junio de 2016, sin embargo se destaca que Chihuahua figura en las 6 entidades en las cuales ya funciona este modelo.
El resolutivo también está dirigido al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como al Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, su Secretaría Técnica y a sus homólogos locales.
Los legisladores hicieron un llamado para que se logre un desarrollo integral de los cuerpos policiacos del país, que les permita funcionar con mayor transparencia y mejor operatividad dentro del nuevo sistema de justicia penal acusatorio.
En el dictamen se expone que en junio de 2008 entró en vigor la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia, que sentó las bases para el tránsito de un modelo inquisitivo a uno acusatorio, conforme a los estándares de derechos humanos reconocidos en la Constitución.
El Poder Legislativo estableció un plazo de ocho años para su implementación por parte de las instituciones relacionadas con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo cual la meta se fijó para junio de 2016.
La reforma, se enfatiza en el documento aprobado, exige un cambio radical de ordenamientos, infraestructura, métodos y procesos institucionales, además de nuevos mecanismos procesales y la necesidad imperiosa de una mentalidad acusatoria entre los operadores del sistema de justicia penal acusatorio, y el resto de la sociedad.
En la discusión del dictamen, el senador Miguel Romo Medina destacó que a menos de un año de que se cumpla el plazo para la implementación del modelo acusatorio oral, sólo en seis entidades se registra “el funcionamiento pleno de este sistema”: Chihuahua, Durango, Estado de México, Morelos, Nuevo León y Sonora.
El legislador del Partido Revolucionario Institucional agregó que 25 entidades registran un avance superior al 68 por ciento para cumplir con este compromiso establecido en la reforma constitucional.
Refirió que desde 2010 se han casi 10 mil millones de pesos para la operación del sistema acusatorio y actualmente existe un fideicomiso de cinco mil millones de pesos destinados exclusivamente para el desarrollo del proyecto, infraestructura y equipamiento en las entidades.
Además, se aprobaron diversos ordenamientos complementarios a la Reforma de Seguridad y Justicia de 2008, se han modificado el 93 por ciento de las legislaciones tanto locales como federales necesarias para la instrumentación del nuevo modelo de justicia y de 2010 al 2014 se han capacitado a 62 mil 440 operadores de diversos perfiles, lo que representa el 83.4 de los que se necesitan.
“Casi nueve de cada 10 ministerios públicos y defensores públicos han sido capacitados; en contraste sólo ocho de cada cien policías estales y de investigación han sido capacitados, y únicamente el cinco por ciento de los jueces cuentan con la formación necesaria para desempeñar sus funciones en el nuevo sistema penal acusatorio”, enfatizó
Romo Medina expresó que “el avance no ha sido homogéneo, por lo que resulta impostergable que las entidades y la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, redoblen esfuerzos para garantizar una impartición de justicia más eficiente y transparente.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza, consideró que para que los objetivos, metas y propósitos de este nuevo sistema se cumplan, se requiere que la Federación, entidades federativas y municipios cuenten con cuerpos policiales profesionales, pero para ello es imprescindible el compromiso de sus máximos responsables.