A la Fiscalía General del Estado llegó recomendación en materia de Derechos Humanos por probable tortura cometida por agentes de la corporación en contra de una mujer que denuncia bajaron de un vehículo en carretera a Parral con un menor de 6 meses de edad, para luego golpearla e incluso torturarla con una bolsa de plástico en la cabeza para que firmara acusaciones en su contra.
La hoy interna indicó que agentes de la policía ministerial la torturaron durante dos días hasta obligarla a firmar las acusaciones en su contra, así como de su abogado defensor que trató de impedir que la interna pudiera mostrar las lesiones ante el juez. También las autoridades penitenciarias negaron el acceso a la personal de la CEDH, informa esta comisión de derechos humanos.
La mujer señala que el día martes 12 de noviembre del 2013 cuando acompañaba a un amigo rumbo a Parral, fue detenida con su hijo de 6 meses de edad, desde varios vehículos dispararon contra su acompañante para luego bajarla a ella de la unidad.
“Al parecer eran agentes de la policía porque yo lo supuse, pero eran vehículos sin identificación ni logos y dos hombres me ordenaron que bajara del carro, me quitaron a mi hijo, me hincaron en la carretera y me dijeron que a ellos no les importaba si lo desaparecían… que me iban a encuerar y si les daba gana me iban a meter un palo por la cola… me llevaron al carro y me aventaron golpeándome el labio contra la puerta del carro, entonces uno de los agentes le dijo a otro: “….”, yo les dije que por favor a mi hijo no le hicieran daño, entonces me subieron a una troca donde me pusieron una bolsa de plástico tapándome la cabeza, impidiéndome respirar y me dijeron que me iban a matar… me llevaron a un lugar ya en la ciudad de Chihuahua, me apretaron las esposas estando tirada en el suelo boca arriba, me pusieron un trapo húmedo, tapándome la cara, sujetándolo hacia atrás vaciando agua sobre el trapo, asfixiándome, un hombre se subió en mis piernas para que no me moviera y otros dos hombres comenzaron a
golpear en varias partes del cuerpo dándome patadas, me agarraron los pechos y me los retorcían… me golpeaban con los puños en las costillas y en el estómago, todo el tiempo permanecí esposada, uno de ellos me golpeó con la cacha de la pistola en la cabeza…. al rato llevaron a otras personas a quienes también los comenzaron a golpear, yo los escuchaba… yo estaba tirada en el suelo entonces me dieron patadas y me pusieron otra vez un trapo en la cara y le echaron agua, que yo sentía espumosa y que me ardía cuando me entraba en la nariz y en la boca, me dijeron: “tú vas a decir lo que nosotros te digamos”… Indica la queja.
La Recomendación de la CEDH señala: En base a las indagatorias, este organismo concluyó que existen evidencias suficientes para presumir la probable violación al derecho a la integridad y seguridad personal, en la modalidad de tortura.
Se recomienda al Fiscal General del Estado, se sirva girar sus instrucciones a efecto de que instruya procedimiento
dilucidatorio de responsabilidad en contra de los servidores públicos pertenecientes a la Policía Estatal Única, que hayan intervenido en los hechos referidos, en la cual se consideren los argumentos y las evidencias analizadas en la presente resolución y en su caso, se impongan las sanciones que correspondan.
Dentro del procedimiento que al efecto se instaure, lo procedente en cuanto a la reparación del daño que le pueda corresponder a la víctima de violación a derechos humanos identificada en la presente resolución.
Que en los Centros de Reinserción Social se otorguen las condiciones y facilidades necesarias para que el personal de este organismo pueda desarrollar sus actuaciones y diligencias sin intervenciones e interferencias ilícitas que afectan la confidencialidad y objetividad.
Se ordenen las medidas administrativas tendientes a garantizar la no repetición de violaciones a los derechos humanos, de similar naturaleza a las acontecidas en el presente asunto.
Se colabore ampliamente con esta Comisión Estatal, en el seguimiento e inscripción de “A” en el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley General de Víctimas y, se remitan las constancias que acrediten su cumplimiento.