Una acusación formal ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Sur de Nueva York señala al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales y municipales, por presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa.
El señalamiento los acusa de colaborar con la facción conocida como “Los Chapitos”, encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. En el documento se sostiene que los acusados habrían participado en una red de protección institucional para facilitar el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.
De acuerdo con la acusación sustitutiva bajo reserva, el gobierno estadounidense asegura que el cártel convirtió a Sinaloa en el principal centro geográfico del narcotráfico internacional y que, para mantener ese poder, se apoyó en políticos y mandos de seguridad presuntamente corrompidos mediante sobornos millonarios.
La Fiscalía sostiene que estos funcionarios protegieron cargamentos, filtraron operativos, evitaron detenciones y permitieron acciones violentas del grupo criminal sin consecuencias legales.
Entre los acusados figuran también el senador Enrique Inzunza Cázarez; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, ambos exjefes de la Policía de Investigación; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán; y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal. Según el expediente, todos habrían recibido pagos periódicos a cambio de garantizar impunidad operativa a los Chapitos.
El documento incluso afirma que Rocha Moya habría recibido respaldo directo del grupo criminal durante su campaña para la gubernatura en 2021. La acusación señala que presuntamente sostuvo reuniones con Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán, donde éstos ofrecieron asegurar su triunfo electoral mediante robo de urnas, intimidación de opositores y presión sobre votantes. A cambio, el hoy mandatario habría prometido colocar en cargos clave a funcionarios favorables a los intereses del cártel y permitir su control sobre corporaciones policiales estatales y municipales.
La Fiscalía estadounidense también describe pagos mensuales a diversos funcionarios: por ejemplo, al vicefiscal Dámaso Castro se le atribuyen sobornos de aproximadamente 200 mil pesos mensuales; a los jefes de la Policía de Investigación, 300 mil pesos; a “Tornado”, 100 mil pesos; y a “Juanito”, 30 mil pesos, además de otros pagos mayores en dólares. Estos recursos habrían servido para alertar sobre cateos, liberar detenidos, permitir el paso de precursores químicos para fentanilo y brindar apoyo policial directo a operaciones criminales.
En el caso de Juan Valenzuela Millán, las acusaciones son aún más graves, ya que enfrenta cargos por secuestro con resultado de muerte, derivado del presunto plagio y asesinato de Alexander Meza León, identificado como fuente confidencial de la DEA, así como de familiares suyos en 2023. Según la acusación, policías municipales habrían participado directamente en la captura y entrega de las víctimas a sicarios del cártel, quienes posteriormente las torturaron y asesinaron.
Los cargos principales incluyen conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseerlos. En el caso de la mayoría de los acusados, la pena contemplada es cadena perpetua, con un mínimo obligatorio de 40 años de prisión. Para Valenzuela Millán, la condena prevista sería prisión vitalicia obligatoria por el delito de secuestro con resultado de muerte.
Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han emitido una postura oficial conjunta sobre el contenido de esta acusación federal presentada en Nueva York, que representa uno de los señalamientos más severos hechos por el gobierno de Estados Unidos contra funcionarios en activo y exfuncionarios vinculados al poder político en Sinaloa.
