Washington. Un juez federal bloqueó temporalmente la orden de la administración Trump para implementar su plan de reducir la fuerza laboral en la administración pública a través de una «renuncia diferida» hasta el próximo lunes, lo que otorga una victoria inicial a los sindicatos que demandaron para detenerla.
La decisión paralizó el ultimátum que se dio a más de dos millones de funcionarios estadunidenses para que decidan si dimiten con ocho meses de sueldo como indemnización, según un plan del millonario Elon Musk para reducir la administración pública.
Al momento, «más de 60 mil» funcionarios federales han aceptado la oferta, informó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, lo que representa alrededor del 2 por ciento de la plantilla.
«Esperamos que ese número aumente. Animamos a los empleados federales de esta ciudad a que acepten esta oferta tan generosa», agregó.
La acción legal fue emprendida este martes por el principal sindicato de funcionarios, AFGE, y otras organizaciones para conseguir que se suspendiera el plan y que el gobierno aplique «medidas que se ajusten a la ley en lugar de un ultimátum arbitrario, ilegal y demasiado breve».
Según un modelo de acuerdo enviado a los funcionarios que la agencia Afp consultó, se les ofrece «conservar su salario y todas sus prestaciones hasta el 30 de septiembre» pero se les exige, entre otras cosas, que renuncien a cualquier acción judicial posterior.
«Los empleados federales no deben dejarse engañar por la palabrería de multimillonarios no electos y sus lacayos», advirtió Everett Kelley, presidente de la Federación Estadunidense de Empleados del Gobierno (AFGE), en un ataque a Elon Musk, a cargo de un Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) que se propone meter tijera a las agencias federales.
En tanto, un segundo juez federal bloqueó la iniciativa de Trump para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de padres que están en Estados Unidos de manera irregular, y criticó lo que describió como “el intento del gobierno de ignorar la Constitución para obtener ganancias políticas”.
Su fallo se produjo un día después de que un juez federal de Maryland emitió una decisión en un caso separado, pero similar, que involucra a grupos defensores de derechos de migrantes y mujeres embarazadas cuyos hijos próximos a nacer podrían verse afectados. Se tiene previsto que el Departamento de Justicia apele las órdenes judiciales.
Por su parte, la administración Trump demandó al estado de Illinois y a la ciudad de Chicago para desmantelar las protecciones regionales y municipales que la Casa Blanca afirma bloquean sus operaciones antinmigración.
La demanda que presentó el Departamento de Justicia en un juzgado de Illinois afirma que varias leyes regionales y municipales de estos bastiones demócratas en el este del país «están diseñadas para interferir, y de hecho interfieren, con la aplicación de la ley federal de inmigración del gobierno federal».
Chicago albergó a decenas de miles de inmigrantes entre 2022 y 2024 que llegaron a la frontera sur en busca de asilo, muchos de los cuales fueron trasladados allí por el gobierno republicano de Texas en una maniobra política para forzar a gobiernos demócratas a asumir el creciente flujo migratorio.
A su vez, Trump anunció que creará una “oficina de fe” en la Casa Blanca y ordenará a la fiscal general, Pam Bondi, que dirija el grupo de trabajo para erradicar los “prejuicios anticristianos” dentro del gobierno federal.
Según el republicano de 78 años, el grupo de trabajo también «perseguirá la violencia anticristiana y el vandalismo en nuestra sociedad» y defenderá «los derechos de los cristianos y las personas de fe en todo el país».
Los demócratas de alto rango exigieron una investigación sobre las posibles violaciones de seguridad nacional creadas por la toma de control de ciertas agencias federales por parte de Elon Musk a través de su autodenominado “Departamento de Eficiencia Gubernamental” (Doge)
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“Solicito respetuosamente, dentro de todas las normas y regulaciones aplicables, que evalúe todas las opciones disponibles para garantizar que los ciudadanos venezolanos sin antecedentes penales no sean devueltos por la fuerza a una de las dictaduras más represivas del mundo”, escribió el republicano de Miami.
Source: Mundo