El acuerdo alcanzado entre México y Estados Unidos para frenar 25% de aranceles a producto mexicanos de importación implicó un refuerzo en la seguridad fronteriza y mayores esfuerzos para frenar el tráfico de fentanilo, lo que según México Evalúa puede representar un desafío significativo para la política de seguridad y la gobernabilidad democrática en México, así como que la estrategia adoptada puede agravar los problemas de violencia, institucionalidad y derechos humanos.
Además, consideraron que el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera norte busca apaciguar las presiones de Donald Trump, pero también plantea riesgos internos. La concentración de recursos en esta zona podría debilitar la seguridad en otras regiones, incrementando la violencia del crimen organizado.
“Los patrullajes fronterizos pueden aumentar la violencia del crimen organizado (disturbios, bloqueos, masacres) e intensificar la explotación de otros negocios ilícitos, como el cobro de piso. También incrementarían las violaciones a derechos humanos de migrantes, y dejaría en mayor vulnerabilidad a otras regiones frente al crimen”, explicó la organización en un posicionamiento público.
Ante este panorama, sugirieron que el gobierno mexicano debería fortalecer la estrategia de seguridad con un enfoque integral. Esto incluye el desarrollo de competencias en policías y fiscalías locales para mejorar la prevención del delito y la impartición de justicia. Asimismo, sería clave evaluar la redistribución de elementos de la GN para evitar descuidar otras zonas del país afectadas por la criminalidad.
Sin embargo explicaron que el presupuesto aprobado para 2025 redujo la inversión en seguridad del 0.7% al 0.5% del PIB, lo que dejó en vulnerabilidad a instituciones clave en la lucha contra el crimen.
Elección judicial
Otro punto de alerta es la reforma judicial impulsada por la administración de Sheinbaum, que plantea la elección por voto popular de jueces y magistrados.
México Evalúa advirtió que esta reforma podría aumentar la injerencia del crimen organizado en la impartición de justicia, poniendo en riesgo la certidumbre jurídica que requieren empresarios y ciudadanos en el contexto actual de tensiones comerciales con Estados Unidos.
La organización sugirió que el Gobierno federal debería, por lo menos, postergar su implementación para evitar un impacto negativo en la estabilidad del país.
Además se mencionó que para “fortalecer el combate al crimen organizado, es necesario debilitar sus mecanismos de financiamiento. Para ello, debe consolidarse la cooperación en materia de inteligencia bilateral”.
Source: Mexico