El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Chihuahua y COPARMEX Chihuahua observaron con atención el proceso legislativo que derivó en la aprobación y publicación de la nueva Ley General en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, publicada en marzo en el Diario Oficial de la Federación.
Existe una legítima preocupación por los efectos adversos que esta reforma puede tener potencialmente en la arquitectura institucional del estado de Chihuahua para la tutela de estos derechos fundamentales, los cuales han sido pilares para el fortalecimiento del control democrático, la vigilancia ciudadana y la lucha contra la corrupción.
La experiencia acumulada durante las últimas décadas ha demostrado que contar con instituciones especializadas e independientes en estas materias genera mejores condiciones para la rendición de cuentas y el ejercicio efectivo de otros derechos. Este momento representa una oportunidad para que Chihuahua se consolide como referente en el fortalecimiento institucional democrático.
En atención a las reformas a la Constitución federal y a la reciente publicación de la Ley General en la materia, consideramos indispensable que, en aquellos poderes y entes públicos que, conforme a la nueva legislación, cuenten con autoridades garantes en materia de transparencia y protección de datos personales, se establezcan procedimientos internos que permitan garantizar, de forma razonable, la autonomía técnica de sus resoluciones, así como la independencia de criterio frente a presiones políticas o administrativas que puedan comprometer la imparcialidad en sus funciones.
En este nuevo contexto normativo, es relevante que los estados del país ejerzan el margen de acción que les otorga la nueva legislación para adoptar marcos institucionales que aseguren condiciones adecuadas para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, la profesionalización de quienes las operan y la efectiva tutela de los derechos fundamentales en la materia.
Asimismo, hacemos un respetuoso llamado al Congreso del Estado de Chihuahua para que, dentro del margen normativo que permita la Ley General, se abran espacios de diálogo amplio y plural que conduzcan a la construcción de una legislación local vanguardista, que fortalezca los mecanismos de protección de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, y que, en su caso, mejore disposiciones de la Ley General en beneficio de las personas habitantes de nuestro estado.
La legislación estatal debe construirse con base en evidencia, estándares internacionales y buenas prácticas, garantizando que la protección y ejercicio de estos derechos esté resguardado de interferencias indebidas y su alineación al interés público. Es importante que el marco local contribuya a preservar principios esenciales como la máxima publicidad, la adecuada documentación de los actos de autoridad y la disponibilidad oportuna de la información pública, así como mecanismos de rendición de cuentas social que refuercen la confianza ciudadana.
Finalmente, coincidimos en la importancia de garantizar un proceso transparente, participativo y comprometido con la consolidación de mecanismos institucionales eficaces en materia de acceso a la información y protección de datos personales en Chihuahua.
Source: Local