Los habitantes del lugar cuentan que el “Gran Espíritu” depositó todas la rocas en ese lugar , y ahí donde se formaron enormes montañas se abrió paso el Río Grande y a la vez un desierto, detalla Sin Embargo.
Es tanta la diversidad en esa zona que puede hallarse fauna como el sapo “pata de espada”, peces mosquito, ratas canguro que producen agua metabólica o corre-caminos. Se trata del Parque Nacional Big Bend en Texas, Estados Unidos, que hoy está amenazado por un proyecto que promete ser uno de los más ambiciosos del sexenio de Enrique Peña Nieto y el que dé más empleos y mejor calidad de vida a los mexicanos.
“Es un lugar sagrado. Verdaderamente es el último mejor lugar que hay en Texas. Si uno destruye este paisaje, se perdería el sentido del lugar”, dijo en días pasados David Keller, arqueólogo del cercano Centro de Estudios Big Bend de la Universidad Estatal Sul Ross al Diario de El Paso. La empresa Carso Energy, del empresario mexicano Carlos Slim Helú, ganó en enero pasado la licitación por más de 767 millones de dólares para la construcción del gasoducto Waha-Presidio que busca llevar el combustible desde Estados Unidos a las regiones Centro, Norte y Occidente de México.
Con la implementación de la Reforma Energética en México se estableció una gran red de gasoductos que atravesará la República Mexicana, algunos de ellos con conexión en Texas, para el suministro de gas natural. Esta estrategia fue impulsada por el Gobierno de Peña Nieto para atraer la inversión privada.
Según información de las Licitaciones de los Principales Proyectos de Gasoductos Nacionales e Internacionales, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene registrados hasta el mes de agosto de 2015, 16 proyectos de construcción son nacionales y 3 mas serán conexiones internacionales; la suma estimada de inversión de todos ellos es de 9 mil 836 millones millones de dólares.
Sin embargo, a dos años de que se implementó la Reforma Energética, aún no han quedado claros los mecanismos y procedimientos de diálogo con las comunidades para la construcción de gasoductos, acusaron organizaciones de la sociedad civil del estado fronterizo de Chihuahua, donde está contemplada la construcción del gasoducto Ojinaga–El Encino que hará conexión con el gasoducto Waha-Presidio.
“Es cierto que aquí hay una necesidad muy grande de traer gas natural. Es la apuesta del sexenio, pero hay cierto nivel de peligro por explosiones y de desmonte de muchos kilómetros de tierra ya que pasa por muchos predios y comunidades indígenas”, comentó a SinEmbargo David Laurer, integrante de la Alianza Contra el Fracking de Chihuahua.
De acuerdo con la CFE, este proyecto tiene como objetivo transportar gas natural proveniente de la región de Waha, Texas, “para satisfacer los requerimientos del sector eléctrico en las regiones Centro, Norte y Occidente del país. Este gasoducto se interconectará con el de El Encino–Topolobampo, que se encuentra en construcción, y El Encino – La Laguna” y tendrá una longitud de 205 kilómetros y 42 pulgadas de diámetro.
Laurer agregó que el tema de la construcción de gasoductos es algo que las autoridades no han atendido de manera precisa ya que faltan medidas de seguridad, además de que “ no se está tomando en cuenta la opinión de las comunidades” .
LOS RIESGOS Y DAÑOS
Foto: YouTube captura de pantalla
Activistas denuncian violaciones a los derechos de los ejidatarios. Foto: YouTube captura de pantalla
Integrantes de la Alianza contra el Fraking y de la organización Consultoría Comunitaria comentaron a este medio que la Secretaría de Energía (Sener), la CFE y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas no han explicado a las comunidades por dónde pasarán los gasoductos y cómo será el pago de los títulos de las tierras de ejidatarios, además denunciaron que éstos han comenzado a construirse sin una consulta previa.
Al respecto, David Lauer dijo que “las personas obtienen pagos mínimos por ceder sus campos a las empresas privadas, son afectadas por el daño ambiental, el despojamiento de su fuente de trabajo y el constante riesgo de padecer explosiones o deslaves”.
En ese sentido explicó que lo que los empresarios llegan a ofrecer por la renta de los campos son muy bajos. Detalló que los costos van de 325 mil pesos hasta los 725 mil por un periodo de hasta 60 años y que “dependiendo ‘el sapo es la pedrada’, pues a alguien que tiene negocios le pagan más que una persona que sólo tiene un terreno por ahí, cuando ellos son quienes más necesitan el dinero”.
Por su parte, María Teresa Guerrero acusó que en la Sierra Taraumara, el gasoducto que va del Encino hasta Topolobampo, donde participa la empresa privada transportadora de Gas Natural del Noroeste, filial de TransCanada, “fue negociado con los titulares de los predios y cuando se hizo la consulta ya llevaba más del 30 por ciento del avance de la obra, mientras que ya se había negociado estaba negociado con los dueños de los predios en un 90 por ciento”.
Agregó que desde junio de 2014 representantes de la comunidad San Elías Repechique plantearon a los senadores Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional (PAN), y Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que se realizaran las consultas previas para la instalación de del gasoducto a su territorio; sin embargo finalmente tras una serie de procesos y de suspensión de las obras “la consulta acabó siendo un evento simulado”.
La integrante de la Consultoría Comunitaria afirmó: “Tenemos miedo de las explosiones, además con las lluvias hay desmontes muy grandes”.
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