Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, advirtió en su columna publicada en El Universal que las acusaciones contra Morena y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no pueden minimizarse, al tratarse de señalamientos graves relacionados con presuntos vínculos con el crimen organizado. Subrayó que este tipo de आरोपaciones pertenecen a una categoría que no se disipa con el tiempo, sino que exige التحقيق y claridad.
El priista señaló que, de acuerdo con investigaciones y reportes de autoridades de Estados Unidos, existirían indicios de que actores políticos habrían establecido acuerdos con grupos criminales, incluyendo financiamiento ilícito de campañas y posibles redes de protección institucional. Afirmó que estos hechos, de confirmarse, implicarían una captura de estructuras gubernamentales.
Moreno también criticó la respuesta del gobierno federal, al considerar que descalificar los señalamientos como injerencia extranjera resulta insuficiente frente a la exigencia ciudadana de transparencia. Indicó que lo verdaderamente relevante no es el origen de las acusaciones, sino la confianza pública y la necesidad de investigaciones profundas y creíbles.
En su análisis, alertó que cuando el crimen organizado se infiltra en la política, las consecuencias impactan directamente a la sociedad: debilitamiento de instituciones, territorios sin ley, economías afectadas y ciudadanos viviendo bajo miedo constante. “El Estado deja de proteger y comienza a administrar la violencia”, sostuvo.
Finalmente, planteó una pregunta central: ¿qué puede esperar la ciudadanía de un proyecto político señalado de pactar con criminales? Afirmó que la democracia puede tener fallas, pero la colusión entre poder político y crimen organizado representa una frontera que no debe cruzarse, pues pone en riesgo el Estado de derecho.
