VAYA PROBLEMÓN OPACO en que se metió el comisionado presidente del ICHITAIP, Alejandro de la Rocha, quien ayer quedó evidenciado en eso de falsificar, alterar, cambiar -o como quiera llamarle- documentos oficiales de la institución que, en el papel, debe velar por la transparencia gubernamental.
El asunto es más que delicado; requiere paciencia y prudencia para desmenuzarlo, así que vámonos por partes como diría el inglés Jack:
Todo se remonta a que el pasado 6 de julio, el Consejo General del organismo transparente resolvió el recurso de revisión ICHITAIP/RR-717/2017, promovido por el particular Luis Payán, en contra del Partido Revolucionario Institucional, porque estuvo en desacuerdo con la respuesta que se le dio a la solicitud con folio 042982017.
Algo normal, como uno más de los miles de recursos que se resuelven ahí. Lo malo del asunto es que el fallo emitido por unanimidad del Consejo General fue uno y la resolución firmada por De la Rocha Montiel que se le mandó al sujeto obligado, el PRI, fue otra. ¡Ups!
La petición original de información iba en el sentido sobre si una persona trabajaba o en su caso era militante del PRI. La dirigencia estatal en Chihuahua respondió a quien preguntó que “No”, porque luego de haber preguntado en las Secretarías de Organización y de Administración respectivamente dentro de su organigrama, éstas reportaban como negativa la respuesta.
Al inconformarse el peticionario, los consejeros transparentes emitieron una resolución en el sentido de que se le había contestado en tiempo y forma a su pregunta y por ende el asunto hasta ahí paraba.
Pero solo Dios sabe qué mosca le picó al chamaco De la Rocha que se arrancó en segundo y mandó un documento diferente al PRI como notificación, en la cual le informaba que el Consejo General le ordenaba dar a conocer al ciudadano peticionario los oficios de respuesta interna de las dos Secretarías del Comité Directivo Estatal en las cuales se indagó sobre la militancia y situación laboral de una persona.
Nadie se hubiera dado cuenta, a no ser porque el falso documento se subió a la plataforma del ICHITAIP y ayer explotó la bomba porque la misma ponente del recurso, la comisionada Nancy Martínez, en la sesión pública del ICHITAIP, destapó –quizá sin querer- la cloaca de la falsificación.
Ahora en manos del PRI se encuentra la posibilidad de actuar legalmente porque fueron víctimas de un mandato transparente falsificado, a la luz de los hechos.
Y es que el delito de falsificación de documento se establece en el artículo 330 del Código Penal del estado y a la letra dice que lo comete quien “para obtener un beneficio o causar un daño, falsifique o altere un documento público o privado, con independencia del resultado obtenido, se le impondrán de tres a seis años de prisión y de cien a mil días multa, tratándose de documentos públicos, y de seis meses a tres años de prisión, y de cincuenta a quinientos días multa, tratándose de documentos privados”.
No cabe duda que las resoluciones del Consejo General son documentos públicos, porque se trata de constancias que emiten los comisionados del Ichitaip, que son funcionarios en ejercicio de facultades establecidas en la ley; además, están certificadas por alguien que tiene fe pública, como lo es el secretario ejecutivo.
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HOY EN LA Ciudad de México y delante de un juez, se librará una batalla más en contra del ex gobernador César Duarte, pero no encabezada por el Gobierno del Estado que comanda Javier Corral, sino por el activista Jaime García Chávez, otrora mejor amigo del actual góber, quien se amparó luego de que la PGR bateara la denuncia penal que él mismo interpuso hace casi tres años, a mediados de septiembre del 2014, en la cual acusaba al oriundo de Balleza, a su ex secretario de Hacienda, Jaime Herrera, así como al fallecido diputado federal, Carlos Hermosillo, de desfalcar las arcas públicas de la entidad.
Así que con el amparo 667/2017 que el activista y también ex diputado promovió, se pretende que un juez federal reactive la investigación en contra del ex mandatario y sus compas, debido a que la Procuraduría General de la República a cargo de Raúl Cervantes, simple y llanamente nadaron de muertitos ante la insistencia del abogado, cuya guerra contra Duarte comenzó desde hace tres años y en compañía del hoy gobernador Javier Corral, al cual ha acusado de dormirse en sus laureles en lo que respecta a la persecución contra su antecesor, por lo que este día se sabrá realmente si la justicia federal le pondrá la cazadora al ballezano o si prefiere también hacerse la occisa.
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YA QUE MENCIONAMOS al procurador General de la República, Raúl Cervantes, y tal como lo mencionamos en este espacio hace varios días, su posible pase automático a ser el primer Fiscal General del país, encargo que le duraría nueve largos años, trae en jaque al panismo y a su dirigente nacional, Ricardo Anaya, quien ya se bronqueó con varios senadores azules por apoyar a Ernesto Cordero en su nuevo encargo de presidente del Senado de la República, cuestión que también fue avalada por el PRI que coordina Emilio Gamboa Patrón y que pondría en crisis las promesas de los hoy gobernadores de extracción panista, incluido el gobernador Javier Corral, de encarcelar a los ex mandatarios priistas.
Como ya se ha dicho hasta el cansancio, Cervantes, hoy titular de la PGR y probable nuevo Fiscal, fue abogado del CEN tricolor y tras su llegada a la Procuraduría en sustitución de Arely Gómez, las investigaciones federales contra César Duarte se han quedado estancadas y al menos de parte de la PGR, no existe ninguna orden de aprehensión en su contra. Además, el procurador es tan apegado a la ley, que hasta se las salta, pues ayer trascendió que el primer abogado del país le puso placas de Morelos a su Ferrari, para así no tener que pagar Tenencia en la Ciudad de México.
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A VER SI ahora sí y en las próximas semanas, de aquí a noviembre en que las partidas presupuestales se definen, al gobernador Javier Corral se le acaba el orgullo y logra ponerse de acuerdo con los diputados federales chihuahuenses, que en su mayoría son del PRI, para que se pongan las pilas y logren partidas extras para el estado, luego de que el año pasado, los propios legisladores priistas, empezando por Alex Domínguez, denunciaron que el góber nunca se les acercó para jalar recursos a Chihuahua, así que el trago amargo del año pasado y la bancarrota en el que vive el estado, al parecer sirvió de experiencia para el mandón de Palacio, ya que los malosos señalaron que Corral y su secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, se reunirían con los diputados federales la semana que entra.
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LA REVOLTURA QUE se traen los diputados locales con la petición de la FEPADE para desaforar a la presidenta del Congreso del Estado, Karina Velázquez, exigencia que se realizó en San Lázaro y no en la Torre de la calle Libertad, trae nervioso a más de uno, sin embargo, también las lenguas viperinas aseguran que la llegada a la presidencia del Legislativo de la oriunda de Parral y calificada como “duartista”, podría tratarse de un plan con maña desde las alturas de Palacio en contra del duartismo y del priismo en general, el cual no ha logrado sacudirse los señalamientos de corrupción por parte de la sociedad, además de que la decisión de colocar a Velázquez como presidenta debió salir primero de la dirigencia del PRI Estatal y de su líder, Omar Bazán. Vaya, las teorías conspirativas van más allá del romance del PRIAN.
Source: Columna