Tampa. Un agente aduanal colombiano reconoció el martes haber recibido sobornos y canalizar más de un millón de dólares procedentes del narcotráfico en un caso que amenazaba con exponer los negocios turbios entre agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y sus informantes.
La sorpresiva declaración de culpabilidad de Omar Ambuila a un sólo cargo de asociación delictuosa para lavar dinero se produjo en el segundo día de su juicio en una corte federal de Tampa, Florida.
Ambuila, de 63 años, fue extraditado a Estados Unidos desde Colombia en 2023. Enfrenta un máximo de 20 años en prisión durante su audiencia de sentencia, programada para abril.
Se tenía previsto que el proceso arrojara nueva luz sobre un escándalo que dejó como resultado sanciones o el despido de más de una docena de agentes federales por una serie de comportamientos indebidos durante investigaciones de lavado de dinero de la DEA en todo el mundo.
Entre los testigos que el gobierno llamó a declarar estaba José Irizarry, un agente de la DEA notoriamente corrupto que cumple una larga condena en una prisión federal por su papel en una plan para lavar dinero estrechamente relacionado al caso contra Ambuila.
El Servicio Interno de Impuestos (IRS por sus iniciales en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) comenzaron a sospechar de Ambuila después de que su hija publicó fotos en las que aparecía con bolsos de diseñador, disfrutando de vacaciones de lujo en París y conduciendo un Lamborghini rojo de 330 mil dólares.
El lujoso estilo de vida de la graduada de la Universidad de Miami, que entonces tenía unos 20 años, no coincidía con sus modestos ingresos como influencer en redes sociales ni con los de su padre, quien ganaba alrededor de 2 mil dólares mensuales como supervisor de nivel medio en el puerto de Buenaventura, el más importante de Colombia y uno de los principales puntos de tránsito para la cocaína enviada a Estados Unidos.
Una parte de los fondos que se utilizaron en 2016 para pagar el Lamborghini Huracán Spyder procedía de una cuenta controlada por Jhon Marín, a quien un investigador penal del IRS describió en el juicio como el sobrino radicado en Florida de un “conocido contrabandista en Colombia”.
Una investigación previa de Associated Press identificó al contrabandista como Diego Marín, un viejo informante de la DEA conocido por los investigadores como el “Rey del Contrabando” de Colombia por supuestamente lavar dinero a través de la importación de electrodomésticos y otros bienes.
The Associated Press tuvo acceso a un dossier de registros gubernamentales en los que se describe a Marín como una fuente para las fuerzas del orden estadunidenses que eventualmente fue desactivada y más tarde operó de manera “extraoficial” con agentes federales.
Durante años, agentes de la DEA festejaron con Marín en distintas partes del mundo después de que supuestamente había sido uno de sus objetivos, según los registros, que indican que Marín solía pagar las cuentas de cenas y prostitutas.
Dos abogados de Marín se negaron a comentar sobre el caso. Marín no ha sido acusado en Estados Unidos. Pero el año pasado, fiscales en Colombia solicitaron su extradición desde España para enfrentar cargos penales.
En un movimiento inusual, el presidente colombiano Gustavo Petro habló con su homólogo español Pedro Sánchez sobre el caso y describió a Marín en una publicación en redes sociales como el principal contrabandista y lavador de dinero del narcotráfico del país.
Sin embargo, Marín —quien cuenta con la ciudadanía española— fue puesto en libertad bajo fianza mientras luchaba contra la extradición. Luego, supuestamente huyó y más tarde fue capturado en Portugal, donde permanece encarcelado.
Irizarry, quien cumple una condena de 12 años por sus crímenes, describió a la Ap cómo Marín sobornó durante años a funcionarios en Colombia y regaló prostitutas, comidas costosas y entradas a eventos a los agentes antinarcóticos de Estados Unidos en un intento por evitar su captura. Dio un relato similar a los investigadores federales, diciendo que los agentes de la DEA falsificaron registros gubernamentales sobre Marín para justificar viajes internacionales.
El caso de Irizarry destacó el uso continuo por parte de la DEA de las llamadas Operaciones Exentas del Fiscal General para lavar decenas de millones de dólares al año a nombre de los cárteles del narcotráfico más violentos del mundo a través de empresas fantasma. Los agentes describen estos operativos como una herramienta que ha dejado como resultado numerosos arrestos de alto nivel y decomisos de cocaína.
Sin embargo, la DEA también ha recibido críticas por permitir la circulación de grandes cantidades de dinero durante los operativos, permitiendo que los cárteles continúen trabajando, y por no monitorear y rastrear estrechamente las operaciones encubiertas, dificultando la evaluación de sus resultados.
En el tribunal federal de Tampa el martes, Ambuila se mantuvo impávido mientras la jueza federal, Virginia Hernandez-Covington, se quejaba de la considerable cantidad de dinero que el Departamento de Justicia de Estados Unidos gastó en preparación para un juicio que se canceló luego de apenas dos días. Hace unas semanas, los fiscales encabezados por Joseph Palazzo le habían ofrecido a Ambuila un acuerdo de culpabilidad que recomendaba una sentencia de tiempo cumplido.
“Siento la obligación de no desperdiciar los gastos del gobierno”, dijo la jueza.
Source: Mundo