El día de ayer, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, presentó el paquete presupuestal para el ejercicio fiscal 2016, el cual -en comparación con el ejercicio 2015- presentará reducciones en áreas como salud, educación, procuración de justicia y desarrollo social, según el medio La Jornada.
Las áreas antes mencionadas forman parte importante de la política pública actual del gobierno de César Duarte Jáquez, incluyendo además el tema de obra e infraestructura pública, contraponiéndose también con los ajustes presupuestales que tendrá la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Ante este panorama, el titular de la Secretaría de Hacienda -a nivel estatal-, Jaime Herrera Corral, manifestó que los esfuerzos para mantener el menor número de reducciones en estos rubros será uno de los retos de los legisladores chihuahuenses y el ajuste para el estado de Chihuahua se tendrá que dar en el gasto operativo.
Herrera Corral manifestó que la propuesta económica presentada por el funcionario federal es totalmente realista en cuanto al contexto en el que se encuentra el país y la situación económica mundial, detallando que las materias primas como el petróleo tienen gran incidencia para México, teniendo un impacto del 18 por ciento dentro del presupuesto federal.
Manifestó que el ajuste del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) passará de 4.9 billones a 4.7 billones, derivado del ingreso petrolero el cual busca ser compensado con la reforma fiscal y los remanentes de la venta de divisas del banco central, los cuales serán utilizados a inicios del 2016.
El secretario de hacienda detalló que para Chihuahua no prevén disminución en participaciones, por lo que esperan que la propuesta del Ejecutivo Estatal mantenga la aportación del 2015 de 58 mil millones de pesos o se reduzca en lo menor posible, dependiendo de las negociaciones que se realicen por parte de los legisladores.
Por su parte, la calificadora Moody’s estimó que los estados de la República Mexicana tendrán una menor cantidad de recursos con el presupuesto, previendo un recorte de ingresos de los estados entre el 2 y el 5 por ciento de los ingresos totales, los cuales harán que se posterguen inversiones en infraestructura, se contraigan más préstamos o incrementen sus atrasos.
Ante esta reducción, Herrera Corral detalló que es apresurado hablar de un decremento de hasta el cinco por ciento, señalando que aún se encuentran en tiempos para los procesos de negociaciones del legislativo, por lo que se cuentan 15 días para presentar el paquete económico y determinar los ajustes que se tendrán, reiterando que estos solamente afectarán al gasto operativo.
“Las negociaciones del Legislativo tendrán que ir dirigidas en obtener los recursos necesarios para la conclusión de los proyectos que ya se tienen iniciados en la entidad chihuahuense”, detalló el funcionario estatal, aclarando que para la próxima semana se estarán reuniendo diputados, el Ejecutivo Estatal y las secretarías para analizar el plan de presupuesto a entregar.
Detalló que Chihuahua tiene alrededor de seis mil millones de pesos a 8 mil millones en ingresos propios, incluyendo al Fideicomiso Carretero, agregando además los ingresos federales que representan 12 mil millones de pesos y otros recursos de diversos fondos. Aclaró que se sumarán alrededor de 22 mil millones de ingresos líquidos disponibles para la entidad.
Manifestó que con estos 22 mil millones de pesos se tendrá que presupuestar el gasto corriente, las aportaciones para la educación, la seguridad y la saud, siendo los ejes principales de las políticas públicas actuales de la administración, adicionales a la infraestructura pública que debe ser concluida para el ejercicio fiscal 2016.
“El ejercicio 2015 permitió llegar a una propuesta de 58 mil millones de pesos, veremos el ajuste que tendremos para este año, si el gobierno federal tiene un ajuste en cuanto al gasto operativo es factible que el estado también lo tenga, podremos bajar o sostener los 58 mil millones de pesos del ejercicio pasado”, puntualizó el secretario.
Reiteró que no se pretende reducir sino eficientar el gasto, por lo que los ajustes deben de darse en los gastos de nómina, servicios personales, telefonía, viáticos, uso de combustibles y no causar daños a programas sociales, inversión pública o en los esfuerzos educativos, de salud y educación.