La Fiscalía General del Estado es una de las dependencias con el mayor número de quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), sobre todo en lo relacionado con las torturas aplicadas por parte de elementos operativos a personas detenidas o imputadas por algún delito.
Para las autoridades estatales, el alegar tortura dentro de un juicio se ha convertido en un mecanismo de defensa propuesto por abogados defensores para encontrar una ruptura en el proceso y con esto beneficiar al imputado. El secretario general de gobierno, Mario Trevizo Salazar, manifestó que hasta la fecha los casos de tortura para obtener confesiones no han sido acreditados.
Detalló que con el nuevo sistema penal, la confesión de los presuntos responsables no se valida como una prueba condenatoria, por lo que los casos en donde se indica que los elementos ejercieron presiones físicas para que pudieran delatarse como culpables ya no tienen ninguna validez en cuanto al sistema de justicia.
Trevizo Salazar manifestó que hace ocho años, Chihuahua se convirtió en el cuarto estado de la República Mexicana que firmó el Protocolo de Estambul, mecanismo que investiga las denuncias de tortura y son validadas por entes externos a las instituciones, por lo que el ministerio público debe demostrar que no se presentaron las acciones que son demandadas.
Manifestó que los abogados pueden hacerse acreedores a sanciones por tomar la tortura como mecanismo de defensa, sin embargo comprobarlos se vuelve complicado puesto que las audiencias entre abogado defensor y defendido son privadas.
“Hemos visto casos emblemáticos, como el de Airis Estrella, la menor que fue encontrada en un bote. El responsable alegó que lo habían torturado, pero en los separos las cámaras lo captaron golpeándose directamente con los barrotes y las paredes, hay que dar crédito tanto a las declaraciones de los imputados como a las dependencias o instancias de seguridad”, concluyó.