El Congreso del Estado aprobó el Dictamen con carácter de Acuerdo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.
Fue el diputado. Gustavo Martínez quien di lectura al dictamen ante el pleno camaral, destacando que el jueves 19 de septiembre, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó de manera unánime, con 417 votos, la desindexación del salario mínimo, contenida en el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Señala que se desvincula al salario mínimo de multas, créditos y prestaciones, para recuperar el poder adquisitivo de trabajadores con una primera Reforma Constitucional de esta Legislatura en la Cámara de Diputados y es, a la vez, la primera reforma pensada en la redistribución del ingreso en México, en más de 37 años.
La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, al emitir el decreto anual de estos en diciembre de cada año, deberá proponer un ajuste significativo y sensato, conforme al mandato constitucional, y en razón del bienestar mínimo aceptable de los trabajadores mexicanos, por lo que le propuso no precipitarse y esperar la culminación del proceso legislativo en los congresos de los estados.
El salario mínimo se desdibujó para convertirse en una simple referencia, en un instrumento de cálculo de 2 mil 413 precios, diseminados entre cientos de leyes y reglamentos con un dictamen producto de las iniciativas del PAN, PRD, PRI, MC, PT y de la Presidencia de la República y tiene como respaldo un estudio exhaustivo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
En el artículo 123 constitucional se limitan los abusos en el salario mínimo, y la propuesta de nueve artículos transitorios que producirán el imperativo de desindexación del salario mínimo en todas las leyes federales y locales.
La obligación del Congreso de la Unión, de las legislaturas locales y las administraciones públicas a nivel federal, estatal y municipal de realizar las adecuaciones para eliminar cualquier referencia al salario mínimo y sustituirlo por la nueva unidad de medida y actualización.