La defensora de derechos humanos originaria de Ciudad Juárez, María Luisa “Malú” García Andrade, fue baleada el pasado jueves 26 de enero mientras se dirigía a su casa en Metepec, Estado de México.
Malú, quien es hijo de la activista Norma Andrade, cuenta con medidas cautelares, dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2008. Ha recibido múltiples amenazas y en 2011 incendiaron su vivienda en Ciudad Juárez, Chihuahua. Su hermana, Alejandra, fue víctima de feminicidio en 2001 y a partir de esa tragedia su madre fundó la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa.
En conferencia de prensa, Malú responsabilizó al gobierno federal de lo que pudiera ocurrirle debido a las negligencias y omisiones en las que ha incurrido tras el atentado, el cual ha manejado simplemente como un asalto.
De igual manera exigió que la Secretaría de Gobernación (SG), la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) y la Dirección de Escoltas de la Procuraduría General de la República (PGR) se comprometan a atender su caso.
“Las autoridades son directamente responsables al ser negligentes y omisos, al no tener un protocolo de seguridad de qué hacer con la víctima, contar con un teléfono de emergencia o como resguardarla; si no investigan y no hay un responsable de esto. Si a mí me llega a pasar lo que a Maricela Escobedo o lo que a la familia Reyes Salazar. Para mí no va a ser el responsable el que me mató, para mi va a ser responsable directamente el gobierno”, dijo García Andrade ante medios nacionales.
El atentado
El atentado, informó, ocurrió la noche del jueves en Toluca, cuando circulaba a bordo de una camioneta, que manejaba su escolta, desde otro auto alguien les disparó. El custodio confundió el impacto con una pedrada, dejó que ella se bajara a revisar y cuando se dieron cuenta de lo que había pasado no supo dónde llevarla.
Asesorada por la activista Mar Cruz, se trasladó con su escolta al aeropuerto de Toluca, el lugar más cercano con policías. Ahí llegó un agente de la PGR, quien la culpó del hecho por estar en la calles a tan altas horas de la noche.
Posteriormente, la activista se comunicó con la subprocuradora para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, del estado de México, Dilcya García Espinoza, quien dijo que fue un intento de asalto, y que volviera a su casa.
Por si fuera poco, el viernes recibió un mensaje desde un número telefónico del estado de México. En él la amenazaron de muerte a ella y a sus hijos y le advirtieron: aquí no te queremos.
Con información de La Jornada