El estado de Chihuahua mantiene un indíce superior al nivel nacional en relación a las muertes maternas, siendo este de 59.6 en contra del 38.3 por ciento, según datos del Observatorio de Mortalidad Materna en México. En relación a los mismos estados del norte del país, la entidad chihuahuense mantiene en este año más casos que el resto.
En la última semana epidemiologica registrada, Chihuahua se encuentra en rojo respecto a la acumulación de casos en todo el año, reportándose un total de 13 muertes maternas en comparación con Baja California con siete casos; Sonora con 3; Sinaloa con 5; Coahuila con 9; Nuevo Léon 6; y Tamaulipas 11.
A pesar de que el estado de Chihuahua es una de las entidades con el mayor número de defunciones, tanto de mujeres como de niños al nacer, por complicaciones en el proceso del parto, la violencia obstétrica se encuentra apenas en un proceso de visibilización.
En América Latina mueren cada año 23 mil mujeres por problemas con el parto en instituciones de salud en el caso de las zonas urbanas y por falta de insumos o presupuestos en las zonas rurales. Autoridades han firmado tratados para disminuir estos números, pero las políticas públicas han fallado.
En Chihuahua se encuentran estas políticas fallidas y todas las relacionadas con la protección de la mujer (Violencia obstétrica, feminicidios, violencia de género, violaciones) y de la niñez -en este caso los que apenas nacen-.
A nivel nacional el índice anterior es de 38.3 muertes maternas, muy por debajo de lo que se presenta tan solo en el estado de Chihuahua, además que esta entidad ha incrementaado la RMM en un 28.1 por ciento y a nivel nacional se ha reducido en un 9.7 por ciento.
Dichos datos reflejan la nula voluntad de la autoridad para terminar con una violencia “invisible”, una que incrementa los números de muertes de féminas que se enfrentan a la deficiencia de un sistema de salud que no llega a las zonas serranas o no tiene suficiente presupuesto o capacitación en el personal médico.
Tipificación del delito
En algunos estados de la República Mexicana, la violencia obstétrica comienza a reconocerse en las leyes, tal es el caso de Chiapas, Guanajuato, Durango y Veracruz, este último ya con una tipificación como delito y se castiga con 3 a 6 años de cárcel y 300 salarios mínimos.
Según el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), José Luis Armendáriz González, el problema se encuentran todavía en la visibilización, por lo que es necesario trabajar primeramente en el ámbito preventivo (en la capacitación del personal).
Explicó que luego de la visibilización se podrá pensar en la tipificación de la violencia obstétrica como delito, pero detalló que la Comisión no ha recibido quejas sobre esta violencia puesto que no se reconoce que pueden denunciarse al menos en este ámbito.