El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, coincidió con la Consejería Jurídica en que el juez federal que negó la reparación del daño como parte de la sentencia en contra del exsecretario de Finanzas del PRI Estatal, Pedro Mauli Romero Chávez, debió reconocer a Chihuahua cómo víctima del desvío de 78.4 millones de pesos del erario a fines políticos.
“Somos coincidentes con el criterio de la consejería jurídica. El hecho de que sea un delito electora no significa que no haya una afectación a un patrimonio y la laye establece que siempre que haya una afectación a aun patrimonio tiene que procederse a la reparación del daño”
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