Condena CIDH asesinato de Adrián Rodríguez

Noticias de Chihuahua.-

 

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Adrián Rodríguez Samaniego en Ciudad Juárez, Chihuahua, e insta a las autoridades mexicanas a actuar de manera pronta y oportuna para investigar el crimen e identificar y sancionar a los responsables, tanto materiales como intelectuales.

Adrián Rodríguez se encontraba el sábado 10 frente a su casa dentro de su automóvil cuando desconocidos lo abordaron y le dispararon. De acuerdo con la información disponible, el periodista trabajaba en Antena Radio y hacia la cobertura de asuntos referentes al gobierno estatal; en el pasado había realizado investigaciones sobre temas relacionados con seguridad pública para medios escritos como El Heraldo de Chihuahua. Familiares habrían señalado que el periodista había recibido amenazas de muerte. Recientemente se encontraría realizando una investigación sobre personas que estarían privadas de la libertad de forma arbitraria.

El gobernador de Chihuahua a través de un comunicado de prensa lamentó el asesinato del periodista  y señaló que no quedará en la impunidad. El Estado informó a la Relatoría Especial que la Fiscalía General del estado y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión iniciaron la investigación de forma paralela y coordinada con el objeto de establecer los hechos y habrían recabado múltiples entrevistas, periciales y otros datos de prueba, tendientes a agotar la línea de investigación relacionada con la libertad de expresión.

Este es el onceavo asesinato de un periodista en México en el 2016. La Relatoría Especial expresa su profunda preocupación por el aumento de la violencia contra periodistas en México que se expresa en el incremento de la cifra de periodistas asesinados en relación con años anteriores, cuyas muertes podrían estar vinculadas al ejercicio de la profesión. La Relatoría Especial documento el asesinato de 6 periodistas en 2014 y otros 6 en 2015.

En atención a la compleja situación de violencia que enfrenta el periodismo en el estado de Chihuahua, en 2016 se puso en marcha un Sistema de Alerta Temprana y Planes de Contingencia para la protección de los periodistas de ese estado, consistente en un programa de políticas públicas que tiene como objetivo evitar potenciales agresiones a las y los periodistas de la región.

La situación de violencia contra los y las periodistas en México ha sido motivo de preocupación especial para esta oficina. La Relatoría recuerda que la obligación de conducir la investigación con debida diligencia y agotar todas las líneas lógicas de indagación reviste especial relevancia en casos de violencia contra periodistas; una investigación que no pondere aspectos vinculados con el contexto de la región, así como la actividad profesional del periodista, tendrá menos posibilidades de conseguir resultados. De la misma manera, la Relatoría Especial considera fundamental evaluar de forma urgente la posibilidad de activación de los mecanismos de atracción previstos en la ley y que este caso pueda ser investigado y judicializado de inmediato por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle).

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

Cuando tales delitos quedan impunes, esto fomenta la reiteración de actos violentos similares y puede resultar en el silenciamiento y en la autocensura de los y las comunicadoras.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la CIDH con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.