Las denuncias de la infilitración del crimen organizado en las listas de candidatos para alcaldías de municipios serranos, publicadas por los medios Proceso y La Jornada, ha generado la solicitud de controles para blindar el proceso electoral, evitando la instauración de la narcopolítica.
Hasta el momento, los partidos del Acción Nacional (PAN) y Morena han solicitado públicamente se tomen cartas en el asunto, sin embargo ni el Instituto Nacional Electoral ni las autoridades estatales se han posicionado al respecto.
Javier Felix, precandidato a la gubernatura por el partido Morena, detalló que estarían solicitando una audiencia con el secretario general de gobierno, Mario Trevizo Salazar, para que se les responsa si hay estado de alerta en la zona serrana para las elecciones o si existen las condiciones de seguridad para realizar un trabajo político normal en las regiones.
Cuestionarán además si el crimen organizado permitirá una elección libre, democrática y pacífica que garantice el estado de derecho o si no se tendrán las condiciones de seguridad necesarias para los candidatos que contenderán por puestos de elección popular.
El medio nacional La Jornada denunció que en ocho municipios serranos, el crimen organizado está imponiendo lista de candidatos ligados al narcotráfico, los cuales presuntamente contenderán por las alcaldías de Namiquipa, Bachíniva, Urique, Uruachi, Guazapares, Guachochi, Batopilas y Buenaventura.
Habitantes de las regiones mencionadas declararon al periódico nacional, en condición de anonimato, que varios aspirantes fueron amenazados para que no participaran en la contienda interna para la elección de aspirantes a las candidaturas por las alcaldías antes mencionadas.
Según detalla el medio, en 34 de los 67 municipios de la entidad, la Comisión Estatal para el Proceso Interno del Revolucionario Institucional (PRI) decidió que las candidaturas serían por designación directa, además entre 33 y 34 mujeres deberían abanderar las presidencias municipales, generando que esposas, hermanas, cuñadas y hasta suegras de ex alcaldes o de personajes identificados con grupos criminales fueran postuladas.