La diputada del PRI María Ana Pérez Enríquez presentó iniciativa para que se realicen eficientar el sistema de justicia para los habitantes de las zonas rurales de la entidad o de alta marginación, así como campañas de difusión de información por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
La legisladora indicó que la obstaculizan del adecuado acceso a la justicia de la población rural y de zonas altamente marginadas sigue vigente en Chihuahua y como ejemplo destacó que ante los juzgados menores la resolución se ve limitada por la esfera competencial del juez, pues la primer limitante es el desconocimiento de los mismos derechos, incluso su cultura e ideología; así como en Distritos como Benito Juárez, que tiene cabecera en Ciudad Cuauhtémoc, implica un largo recorrido e inclusive el pago por alojamiento, por lo que en algunos casos las personas prefieren dejar el problema sin solución.
Por ello propuso:
La implementación de medidas alternas de solución de conflictos, durante los procesos y al dictar resoluciones, el Poder Judicial atienda tales circunstancias sociales y emplee además un lenguaje comprensible no técnico.
Se reconozca que la cultura también es parte de las percepciones de las personas y que puede generar determinados comportamientos, como la discriminación a la mujer, que por ideología y desconocimiento de sus derechos, continúa siendo forzada a cumplir determinados roles o pasando por alto casos de violencia.
Que el Poder Judicial y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, consideren las diferencias culturales para continuar difundiendo información sobre los derechos, buscando su cumplimiento, y promoviendo mayor inclusión de los grupos vulnerables, como son mujeres, niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
Garantizar el derecho a la justicia, no refiere solamente a proporcionar mayor acceso a los tribunales, sino también a la posibilidad de lograr satisfacer las necesidades de seguridad y de soluciones justas para estos sectores poblacionale.