Una investigación exhaustiva sobre la prórroga para la construcción, explotación comercial y conservación por 28 años con 8 meses en su totalidad de la concesión otorgada a la empresa Promofront, S.A. de C.V., relativa al puente internacional Zaragoza-Ysleta así como la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para que realice una auditoría a fin de determinar si el procedimiento se llevó a cabo de manera legal, fue solicitado este día por la diputada panista Ana Gómez Licón a nombre de su homólogo juarense, Rogelio Loya Luna.
Lo anterior tras conocerse que hubo un convenio modificatorio en el título de concesión, pasando de los cinco años con cuatro meses estipulados originalmente –de fecha 27 de julio de 1989- a uno de 28 años con ocho meses en su totalidad, resultando por demás evidente que la ampliación es desmedida y no atiende al espíritu de las disposiciones del título de concesión.
En su exposición, Ana Gómez Licón refirió que la empresa Promofront S.A. de C.V. solicitó dicha extensión para que la concesión durara 25 años con tres meses más, contados a partir del 1 de enero de 1993 y que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes modificó el título de concesión otorgando a la Concesionaria la prórroga solicitada, sin embargo no existe el documento del requerimiento y en el que se indica que la dependencia federal debió hacer un análisis y determinación precisa y fundada para ello.
Por otra parte, mencionó que en 1996 y 1998 los Gobiernos Municipales realizaron distintas gestiones para revertir la decisión tomada por la SCT, y rescatar el puente bajo el argumento de que, las proyecciones financieras en que se basaba esta solicitud de ampliación, no estaban tomando en cuenta lo pactado en el Título de Concesión otorgado original, sin que ninguna de las gestiones tuvieran éxito.
“La petición anterior haya sustento en la consideración de que, con la prórroga referida, la concesión se trasladó a casi tres décadas, lo cual ha limitado la posibilidad de que el Estado y Municipio tengan aprovechamiento directo del puente internacional que nos compete, situación que constituye una clara afectación al interés público, ya que la derrama económica podría llegar a ser de más de 189 millones de pesos anuales, que podrían y deberían de destinarse a mejoraras en la infraestructura del municipio, elevar la calidad en los servicios públicos, pavimentar calles y crear más y mejores políticas públicas de índole social, entre otras tantas acciones que hacen falta en nuestra comunidad y de las cuales las últimas administraciones municipales han carecido”, expresó Gómez Licón.
Por su parte, el legislador Rogelio Loya indicó que genera suspicacia la relación que tenía la empresa concesionaria en mención con el entonces Presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, puesto que existen elementos para considerar que persiste cercanía para realizar próximos acuerdos en esa misma frontera.