Luego de que se concretara la salida de Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes como presidente del Tribunal Superior de Justicia y el nombramiento del magistrado Julio César Jiménez Castro, el vocero de la Arquidiócesis de Chihuahua, Gustavo Sánchez Prieto, destacó que el Estado debe mantener la justa división de poderes.
El portavoz de la Iglesia Católica subrayó que tanto el ejecutivo, legislativo y judicial, deben apegarse a la división de facultades y atribuciones consagradas en la constitución para evitar acciones que contravengan el interés y bienestar social.
En este tenor destacó que el poder judicial, a diferencia de los otros dos poderes, no cuenta con el carácter democrático o de representación popular, al ser sus integrantes designados por una legislación diferente, lo cual ha dado pie a que las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no siempre reflejan el interés de las mayorías e incluso podría cuestionarse si este órgano se ha atribuido con ellas funciones que le competen al legislativo.
De igual manera subrayó que tampoco es válido que el poder ejecutivo intervenga en la designación de jueces, magistrados y otros funcionarios judiciales, ya que se debe respetar la identidad y autonomía propia de cada uno de estos entes.
“Hay que recordar aquello de que, efectivamente, se trata de tres poderes que son independientes y autónomos y quisiéramos que se mantuviera este esquema de una sociedad democrática; el poder judicial adolece, en la legislación que notros tenemos, los jueces no tiene una carácter democrático en cuanto a representación popular”.