Las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) fueron el espacio donde se presentó el informe anual del Programa Interinstitucional de Atención al Indígena (PIAI), en donde se comentó la falla del Estado al ignorar la consulta pública como mecanismo de derecho humano que tienen los pueblos indígenas.
La falta de consulta pública para la elaboración de proyectos en la zona serrana ha generado que estos vayan directo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta el momento el aeropuerto de Creel, obra de gobierno del estado, tiene limitantes en su construcción, puesto que la misma afectó a comunidades indígenas que no fueron consultadas para el mismo.
Otro de los proyectos que mantienen problemáticas en este sentido, son los gasoductos de la empresa TransCanada. Las obras han ocasionado daños ambientales, patrimoniales y culturales a comunidades indígenas, por lo que se han emitido amparos para frenar las construcciones y en algunas ocasiones la transacional ha hecho caso omiso a las suspensiones otorgadas por jueces federales.
Carlos Alejandro Dueñas Villegas, coordinador del PIAI, aseguró que a pesar de esta falla en las instituciones gubernamentales, los derechos indígenas se encuentran avanzando y es necesario que se comience a reforzar la autonomía de los pueblos y se tenga una visión del desarrollo de los mismos.
Aclaró que hana tenido mesas de trabajo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), así como con organizaciones cviles, para analizar que es lo que falta en el reconocimiento de los derechos ancestrales de los pobladores de comunidades serranas.
Actualmente, la delegada estatal del CDI, Azucena Ruiz, fue denunciada por la comunidad de Mogótavo por darle más importancia a inversionistas privados, con un proyecto inmobiliario turístico en el que participa también el ex diputado Ricardo Orviz Blake, que al derecho de los pueblos que supuestamente la Comisión representa.
La delegada ordenó la suspensión de una obra hidráulica que beneficiaría a los habitantes de la comunidad de Mogótavo, en donde actualmente se rige el proyecto turístico Barrancas del Cobre, indicando que el territorio está en controversia puesto que las hectáreas donde se construye el proyecto hidráulico pertenecen a un grupo de inversionistas.