El diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado de Chihuahua, acompañó este martes a la ciudadana Marcelina Gómez Herrera, exgobernadora indígena de la Comunidad de Tomochi, municipio de Guerrero, a interponer una denuncia formal ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) por presuntos actos de violencia política de género cometidos por funcionarios municipales.
“Como bancada la apoyamos a presentar una denuncia por violencia política de género en el Instituto Estatal Electoral, derivada de una serie de conductas ejercidas en su perjuicio mientras aún ocupaba el cargo de gobernadora comunitaria en 2024”, declaró el legislador.
De acuerdo con la denunciante, los hechos ocurrieron en octubre de 2024, cuando fue sorprendida por una reunión en la que, sin previo aviso ni consulta a la comunidad ni a su persona, se propuso y colocó a otra mujer como nueva gobernadora, en un proceso que —afirma— no respetó los usos y costumbres de la comunidad indígena.
“Yo tenía previsto entregar el cargo el 27 de abril de 2025, como marcaba el periodo correspondiente. Sin embargo, un día llegué a una reunión con mi gente y me encontré con muchas personas reunidas en el lugar, donde ya se estaba promoviendo a otra mujer como gobernadora, sin haber sido convocada, consultada o notificada de esta decisión”, explicó Gómez Herrera.
La exgobernadora señaló que la imposición fue realizada por un grupo ajeno al proceso tradicional de elección interna, sin respetar los derechos de participación y representación de las autoridades legítimamente electas. “Me dijeron simplemente ‘tú ya no eres la gobernadora’, sin que se me brindara la oportunidad de defenderme o convocar a la comunidad conforme a nuestros usos y costumbres”, añadió.
Gómez Herrera denunció que esta situación representa una violación grave a sus derechos políticos y una forma de violencia por razones de género, al ser excluida de su cargo sin el debido proceso, únicamente por decisiones tomadas por grupos con intereses ajenos a la comunidad.
“Lo único que pido es justicia. No es justo que hayan pasado por encima de mí de esa manera. Me pisotearon. Quiero que se respeten mis derechos y que se castigue a quienes actuaron en contra de la ley y de nuestras costumbres indígenas”, concluyó.
Con esta acción, el diputado Cuauhtémoc Estrada recordó que ahora muchos alcaldes y autoridades municipales, buscan hacerse de estos puestos de autoridad en las comunidades indígenas, para poder controlar los recursos del FAISPIAM, que es un componente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS que se creó para garantizar que los recursos presupuestarios se asignen directamente a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Esto implica que las comunidades tienen voz y voto en la decisión de cómo se invierten los recursos, priorizando sus necesidades y proyectos.
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