Luego de que la Secretaría de Desarrollo Rural informara que 21 máquinas pertenecientes a esta dependencia se encontraban retenidas en propiedades particulares, el fiscal general del Estado, César Peniche Espejel indicó que, de comprobarse un uso indebido de estos implementos, se fincarán las responsabilidades penales a quien resulte responsable.
Peniche Espejel comentó que en este momento la Fiscalía deberá investigar la ubicación de las máquinas así como la propiedad de los predios donde se encuentran para determinar sanciones sin importar si se tratara de algún ex funcionario estatal.
Añadió que, si en efecto la maquinaria resulta ser propiedad de Gobierno del Estado, podrían fincarse diferentes tipos penales que van desde robo, fraude, peculado o ejercicio indebido del servicio público.
Finalmente, el fiscal manifestó que si el gobierno es dueño de estos equipos puede ejercer la rectoría de los mismos, para recuperarlos y ponerlos en funcionamiento.