El fiscal general del Estado, César Peniche Espejel, informó que son cinco las carpetas de investigación que han sido integradas en contra de algunos de los manifestantes detenidos por la toma de casetas de peaje en Camargo, Jiménez y Saucillo.
El gobernador Javier Corral Jurado había referido previamente que, pese a la liberación de las personas detenidas en las casetas, el proceso de investigación continuará a fin de castigar a quienes hayan impedido al Estado ejercer la recaudación del peaje carretero.
Peniche Espejel detalló que 30 personas fueron aprehendidas durante el miércoles y el jueves, de las cuales el Ministerio Público (MP) determinó que tres no habían sido partícipes de los hechos, por lo que fueron liberadas de inmediato.
Las 27 personas restantes fueron puestas en libertad luego que los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jocopo) se comprometieron con organizaciones y familiares de los detenidos a gestionar con el ejecutivo.
El fiscal puntualizó que más allá de la instrucción girada por el mandatario para liberar a esta gente, el Ministerio Público cuenta con autonomía para resolver los casos de acuerdo a las constancias y evidencias que se presentaron y deberán desahogar estas cinco carpetas.
Abundó que los delitos perseguidos serán determinados por el mismo MP, pero sólo se relacionan con el impedimento a la autoridad de ejercer su función recaudadora y no con la protesta en sí.
Dentro del Código Penal del Estado este delito queda establecido como “Desobediencia y resistencia a particulares” que abarca los artículos 276 al 279. Según lo dispuesto por el Artículo 277, se le impondría “de seis meses a tres años de prisión a quien por medio de la violencia física o moral, se oponga a que la autoridad pública o sus agentes ejerzan alguna de sus funciones en forma legal, o resista el cumplimiento de un mandato que satisfaga todos los requisitos legales”.