El representante del movimiento de ex braceros en Chihuahua, Fidel Chávez, informó -durante el mitin de los ex trabajadores- que le gobierno estatal debe mediar en el robo que hizo el estado mexicano a los braceros.
Explicó que el banco de Estados Unidos que manejaba el recurso de los braceros, presentó las transacciones a México del 10 por ciento del dinero que se le retuvo a los trabajadores de manera semanal en el periodo de tiempo comprendido de 1942 a 1964.
Por medio de un mandato judicial, la juez segunda de distrito en materia administrativa, Paúla María García Villegas Sánchez Cordero, exige al Estado Mexicano el pago de un millón 97 mil pesos para cada bracero, teniendo Chihuahua alrededor de 500 mil trabajadores que fueron a Estados Unidos.
Esta sentencia es definitiva salvo que el Ejecutivo federal la impugne en tribunales.