La noche de este viernes se presentaron 3 amparos más por denegación de justicia en contra del alcalde, Javier Garfio Pacheco, el Secretario del Ayuntamiento, Santiago de la Peña y la Contralora Jurídica del Municipio, Yessica Ixcel Ramírez Flores, “ante su negativa de cumplir con su deber constitucional de proteger el derecho humano del acceso a la justicia de las víctimas del Aeroshow.
En en el documento, se expone que las víctimas reclaman la reparación integral de las violaciones de derechos humanos que sufrieron por parte de autoridades municipales y que derivaron en la tragedia que alteró el proyeto de vida de más de 100 familias chihuahuenses.
El escrito, dirigido al juez de distrito en turno, cuenta con sello de validez, con el que se somete a revisión de documentos. En el, se indica que se recibió el 24 de abril del 2015, a las 9:08 de la noche.
“Actos reclamados: A todas las autoridades municipales responsables, les reclamo el retraso en la impartición de justicia en relación a los expedientes municipales AR048/2014 y R03/14 en trámite en ante el municipio de Chihuahua, toda vez que no se están respetando los procedimientos administrativos municipales respectivos, conforme a las leyes en la materia. Particularmente les reclamo que a la fecha, injustificadamente se haya omitido dictar resolución que en derecho corresponda en relación al expediente AR048/2014. Igualmente, les reclamo que hasta la fecha se haya omitido injustificadamente, admitir la reclamación objeto del expediente R03/2014, así como desarrollar el procedimiento en los plazos y términos que señala la ley, de manera que cada una de las autoridades responsables cumpla con los deberes procesales que les imponen las leyes que rigen el procedimiento administrativo de mérito, en los plazos y términos que señala la ley para que finalmente pueda aprobarse por el H. Ayuntamiento de Chihuahua la resolución que en derecho corresponda“, versa uno de los documentos.
Además, se exhibe que los preceptos constitucionales violados son los contenidos en la parte dogmática de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos y aplicables a los principios de garantía y petición, impartición de justicia pronta, expedita y completa, audiencia, legalidad, seguridad jurídica y debido proceso legal.