El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de las leyes de anticorrupción decretadas en Chihuahua y Veracruz.
La resolución final terminó por invalidar los decretos publicados por la legislación local en relación a la ley de anticorrupción que contemplaba también la creación de una Fiscalía Especializada para actos corruptos al interior de los gobiernos.
Los argumentos presentados por los ministros fueron que las legislaciones locales se realizaron en un momento de incompetencia temporal y actuaron si tener una ley general del sistema anticorrupción de donde partir.
Los magistrados señalaron que a pesar de que los legisladores locales tienen facultades para modificar leyes a nivel estatal, no podía realizarse esta acción porque no se habían aprobado las leyes federales en la materia.
Los ministros definieron que estas acciones debieron de realizarse primero teniendo el referente a nivel federal y esto era suficiente motivo para invalidar los decretos publicados por los estados.