El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votó en favor de la Acción de Inconstitucionalidad promovida por la Comisión Estatal de los de Derechos Humanos (CEDH) demandado la invalidez de los artículos 30, fracción V, y 198, del Código Penal del Estado de Chihuahua, en los cuales se regulaban el delito y las sanciones que se impondrían a quien cometiera diversos actos calificados como violencia política de género, así como la medida de seguridad que tendría que dictarse para esos supuestos.
El Pleno determinó que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión el expedir leyes generales que establezcan los tipos penales y sanciones, en materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral, lo que implicaba que los congresos locales carecen de competencia para legislar en esos ámbitos.
La ministra ponente Yasmín Esquivel Mossa propuso, como efecto, que los procesos basados en las normas invalidadas se consideren viciados de origen por lo que, previa reposición de los procedimientos, se deberían aplicar los tipos penales y sanciones previstos en las Leyes Generales aplicables.
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