La Comisión de Asuntos Indígenas llevó acabo el Foro: “Situación actual de los Jornaleros Agrícolas en México”, donde representantes de estos trabajadores y académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo coincidieron en la urgencia de hacer valer sus derechos, ya que constituyen uno de los ejes económicos del país.
Al inaugurar el evento, el diputado Roberto Cabrera Solís (PRD), secretario de Comisión, sostuvo que en México existen alrededor de ocho millones de personas que se desempeñan como jornaleros agrícolas; por ello, dijo que es necesario crear políticas públicas que garanticen un salario digno y el cumplimiento de las garantías laborales.
Destacó que los casos de Chihuahua, Colima y en San Quintín, Baja California, son el reflejo de cómo se trabaja en condiciones infrahumanas y donde pocas veces sus derechos son respetados.
Explicó que el objetivo del foro es crear un vínculo de comunicación entre jornaleros, investigadores e instituciones, con el propósito de diseñar mecanismos que permitan encontrar soluciones no sólo para mejorar su condición laboral sino su calidad de vida.
Luis Gerardo Esparza Hernández, investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, señaló que los jornaleros se encuentran totalmente desamparados en el respeto a sus derechos laborales, pues no cuentan con seguridad social ni prestaciones que estipula Ley Federal del Trabajo.
Agregó que en muchos lugares no sólo se explota a los jornaleros hombres, sino también a mujeres y niños, quienes tienen que realizar el arduo trabajo agrícola a cambio de un sueldo insuficiente para comprar los productos de la canasta básica.
Fidel Sánchez Gabriel, representante de los jornaleros de San Quintín, Baja California, mencionó que el sector agrícola requiere de una solución de fondo a nivel nacional, que permita una buena alimentación y educación, y recibir un salario justo, además de terminar con la esclavitud y los abusos.
Expuso que ellos tomaron la decisión de salir a la calle y denunciar la problemática que enfrentan día a día los jornaleros del país; sin embargo, reiteraron que estos atropellos persisten.
Añadió que en el Valle de San Quintín pagan un salario superior al mínimo, el cual es alrededor de 130 pesos diarios, pero no existen aguinaldos, vacaciones, utilidades, horas extras y descansos, ya que de acuerdo con los patrones están incluidos en el pago.
Consideró lamentable que en pleno siglo XXI los jornaleros reciban un salario de hambre, y que los tres órdenes de gobierno tengan falta de interés en hacer valer la ley.
Subrayó que el país está bajo el mando de empresas trasnacionales que llegan a nuestro país con sus propias normas, violando, con ello, la Constitución y la Ley Federal de Trabajo.
“No sólo es San Quintín quien demanda salarios dignos, acceso a la seguridad social y la educación a los niños que acompañan a sus padres en sus labores, sino igualmente el resto de las zonas agrícolas” del país.