En el 2012 fue publicada la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de trata de personas, pero a la fecha esta ley se encuentra en letra muerta por la falta de resultados sobre todo en las supuestas sanciones que deben imponerse a las publicaciones de anuncios sexuales en medios impresos o electrónicos.
En su artículo número 32, la Ley señala que se impondrá una pena de dos a siete años de prisión y de 500 a dos mil días de multa a quien contrate de manera directa o indirecta espacios para la publicación de anuncios que encuadren en los supuestos de publicidad ilícita o engañosa, luego de que se señalara que detrás de estos anuncios se encuentra latente el riesgo del tráfico de personas con fines de prostitución.
A la fecha, medios en la capital de Chihuahua y Ciudad Juárez, ciudades con gran incidencia por trata de personas y que conforman la ruta de tráfico, continúan publicitando anuncios de índole sexual que a consideración de Norma Ledezma, activista y titular de la asociación civil Justicia para Nuestras Hijas, deberían ser supervisados por parte de las autoridades a fin de determinar si de verdad se tratan de anuncios publicitarios o son enganches relacionados con el tráfico de personas.
Norma Ledezma reconoció que existen casos de mujeres chihuahuenses que han sido enganchadas por medio de anuncios en redes sociales o medios impresos con publicidad engañosa, presentándose denuncias en el municipio de Cuauhtémoc, la actual capital de las desapariciones según la definición dada por Amnistía Internacional.
“Se requiere que se elimine, que se cumple al pie de la letra lo que la Ley General de Trata determine o avala o que se supervise para conocer si realmente se está ofreciendo lo que se dice o simplemente son anuncios con disfraces muy sutiles que terminarán con la muerte o la desaparición de las mujeres que acuden voluntariamente pero engañadas”, denunció la activista.