El consejero de la Judicatura, Joaquín Sotelo Mesta, reiteró que el Consejo no tiene intención de conocer ni de actuar ante las irregularidades administrativas señaladas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en su resolución a la investigación realizada sobre el proceso de selección de jueces y magistrados del poder judicial del estado.
Sotelo Mesta había solicitado incluir en el orden del día de la sesión extraordinaria de este miércoles dos asuntos relativos a este proceso, sin embargo no se tomaron en cuenta.
Los asuntos eran pedir que el Consejo citara a los agentes del Ministerio Público que realizaron la investigación en la Fiscalía Anticorrupción, para que explique a detalle en qué consistieron a las irregularidades y, además, solicitar formalmente la carpeta de investigación para su revisión, análisis y estudio.
Sin embargo, el secretario Edgar Aureliano Quintana Camacho le informó que dichos puntos quedaron fuera del listado pues el pleno del Consejo de la Judicatura, con facultades resolutorias, no puede pedir carpetas de investigación o solicitar la comparecencia del Ministerio Público pues invadiría competencias que sólo le corresponden a la autoridad investigadora del poder judicial, en este caso, la Visitaduría u Órgano de Control Interno.
En este sentido, Sotelo Mesta refirió que, aunque es cierto que son la Visitaduría o la Contraloría los facultados para iniciar con la investigación administrativa en torno al caso de jueces y magistrados, es el pleno, como órgano colegiado el que debió debatir y resolver si las solicitudes que quería presentar eran procedentes o no.
“No comparto las razones que establecen para negar algo que se está solicitando, en virtud que la misma resolución de la Fiscalía quien señala que la única autoridad competente para solicitar la carpeta de investigación es el Consejo. Me la niegan a mí como denunciante, a ver cómo le va a la visitaduría”.
Fue el pasado 29 de agosto cuando la Fiscalía Anticorrupción que dirige Gema Chávez, resolvió el no ejercicio de la acción penal en el caso, pues la investigación arrojó que, pese a encontrarse anomalías, no eran constitutivas de delito sino de índole administrativa.
Source: Local