Una solicitud de extradición se presentó como prueba en la corte federal de Miami en el caso del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, después de su arresto por alguaciles federales en la ciudad del sur de Florida hace dos días, acusado de corrupción en México, luego de que la orden de captura fuera solicitada desde el 24 de abril de este año.
La jueza, Lauren Louis, ordenó que Duarte permanezca en cárcel hasta su próxima audiencia dentro de un par de semanas.
Duarte, de 57 años, fue detenido en cumplimiento de una orden de arresto que es parte de la solicitud de extradición de México, donde se le acusa de abusar de su cargo para canalizar cientos de millones de dolares en fondos públicos a socios comerciales y amigos, según documentos judiciales presentados en el caso en Texas, Nuevo México y Florida.
En una conferencia de prensa el viernes, Marcelo Ebrard, el Secretario de Relaciones Exteriores, dijo que el Gobierno de México planteó en diversas ocasiones al gobierno de los Estados Unidos “que era muy importante para nuestro gobierno y para nuestro país que esa extradición se cumplimentara.”
Duarte fue gobernador de Chihuahua, estado que limita con Texas y Nuevo México, de 2010 a 2016, y tiene 16 órdenes de aprehensión giradas por la fiscalía en México.
Según los fiscales en Miami, Duarte fue arrestado con una orden emitida en Nuevo México el 24 de abril de 2020, de acuerdo con otra acusación federal que describe en detalle el supuesto plan del ex gobernador para enriquecerse, según un ‘Informe Experto’ que rastreaba fondos públicos para sus negocios y su familia.
A partir de junio de 2011, los funcionarios estatales transfirieron decenas de millones de dólares en fondos públicos a dos compañías, Union Ganadera y SOFOM Financiera, de las cuales Duarte era accionista mayoritario y presidente de la junta.
“Numerosos testigos dijeron a las autoridades que los pagos eran fraudulentos, que el proceso de asignación era irregular y que el dinero no se utilizaba para ningún propósito público”, alega la denuncia.
Los fondos involucrados fueron para supuestos subsidios a los ganaderos, productores de carne y mataderos, así como los costos de alimentación e inseminación artificial para un programa de repoblación de ganado.
Las autoridades mexicanas determinaron que 45 de los supuestos beneficiarios estaban fallecidos, y seis individuos listados como beneficiarios dijeron a las autoridades que nunca recibieron subsidios, alega la queja.
Según la denuncia, Duarte en junio de 2016 dijo a algunos de sus colaboradores más cercanos que le preocupaba que el gobernador electo descubriera las supuestas irregularidades y al parecer, les ordenó “tomar todas las medidas necesarias para ocultar las irregularidades”.
Imagen: Univisión
Source: Local