El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Miguel Salcido Romero, acudió como invitado de la OEA (Organización de Estados Americanos) a través del CICAD (Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas), para exponer este miércoles en Washington, la experiencia del Tribunal de Tratamiento de Adicciones (TTA) en el estado de Chihuahua, a un año de su implementación.
En el marco de la realización del “Diálogo de alto nivel sobre alternativas al encarcelamiento para delitos relacionados con drogas”, el Magistrado Salcido Romero expuso algunos de los logros obtenidos a la fecha en Chihuahua. A este evento acudieron los Estados miembros de la OEA que actualmente implementan este modelo, entre ellos: Argentina, Chile, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, México, Trinidad y Tobago, Barbados, Jamaica, Estados Unidos, y Canadá.
El Poder Judicial del estado de Chihuahua participa activamente en el desarrollo de estrategias que permitan a la población en privación de libertad por delitos menores relacionados con las drogas, tener una alternativa para su rehabilitación y reinserción a la sociedad.
La participación en este evento permite el intercambio de experiencias o dificultades enfrentadas, y compartir sus proyecciones para mediano y largo plazo. Países que no están implementando actualmente el modelo son invitados a generar preguntas y formar alianzas estratégicas como parte del diálogo.
Durante este evento internacional, los participantes abordaron como uno de los ejes principales, la integración social dentro del contexto de infractores relacionados con las drogas y su relación con el sistema de justicia penal.
En Chihuahua, el programa de TTA o Tribunales de Tratamiento de Adicciones aborda, de manera sensible, la participación activa de las personas que han delinquido a causa de sus adicciones para buscar su reintegración en las instituciones sociales como, la fuerza laboral, las familias, las comunidades y las escuelas.
Los programas de integración social proporcionan salud, educación, trabajo y otros servicios sociales con el fin de evitar que se involucren en comportamientos criminales, para revertir / reducir la participación en conductas criminales, o para reducir la probabilidad de reincidencia entre las personas que ya están en el sistema de justicia penal.