La Sexagésima Cuarta Legislatura, exhortó esta tarde a la Fiscalía General del Estado, para que analice la viabilidad de crear una Unidad Especializada en el combate y persecución de los delitos medioambientales, así como la asignación presupuestaria correspondiente.
A manera de antecedente, la legisladora María Ana Pérez, dijo que la entidad cuenta con una superficie forestal maderable de 7.6 millones de hectáreas, además de 11.2 millones de superficie cubierta por vegetación no maderable, entre las que se encuentran las zonas áridas, semiáridas, las arboladas y las selvas, dándonos el 76 por ciento del territorio estatal, además de ocupar el primer lugar a nivel nacional en superficie forestal, con un 15.8 por ciento del total de la superficie.
Derivado de lo anterior, actualmente Chihuahua es el segundo lugar a nivel nacional en producción forestal maderable con 2.2 millones de metros cúbicos del volumen total autorizado anualmente, para ser aprovechados, de los cuales 1.8 millones corresponde a pino y el 0.4 a encino, dichos volúmenes son aprovechados en más de 900 predios forestales con autorización para realizar las actividades, de los cuales aproximadamente 200 son propiedad de ejidos y comunidades, que concentran el 80 por ciento de la superficie total con aprovechamiento en el Estado, destacando los municipios de Madera, Guadalupe y Calvo, Guachochi, Balleza, Ocampo y Bocoyna, como los que tienen mayor producción forestal maderable.
De los 200 ejidos y comunidades con aprovechamiento forestal, 123 cuentan con población indígena, lo que representa el 59 por ciento de la superficie con 768,372 hectáreas, aportando un volumen de 814,161 metros cúbicos de madera, siendo esto último el 45 por ciento de la producción total de pino en el Estado, además de que contamos con 3,099 localidades que presentan al menos un habitante de alguna lengua indígena, siendo los municipios de Guachochi, Guadalupe y Calvo y Urique los que tienen mayor población.
Esta actividad forestal genera una derrama económica de 800 millones de pesos al año aproximadamente, de los cuales 362 millones, es decir el 45 por ciento se genera en los 123 ejidos y comunidades con población indígena, dando además trabajo a 54,433 personas de manera directa en la sierra.
Sin embargo dado lo intricado de los caminos, así como la lejanía de los centros de producción maderable, es que personas amantes de lo ajeno lo aprovechan para despojar a sus legítimos dueños del recurso maderable, trayendo consigo las consecuentes pérdidas económicas y ambientales, pues al no contar el Estado con una policía especializada en la materia forestal y medioambiental, es que dichas personas encuentran las condiciones idóneas para delinquir, situación que no se puede seguir permitiendo.
“Estamos conscientes que tanto la CONAFOR como la PROFEPA son las autoridades encargadas a nivel federal de vigilar e inspeccionar el correcto aprovechamiento de los recursos forestales de la Entidad, pero sin el personal suficiente, además de que nuestras autoridades locales en especial la Fiscalía General del Estado, deben de contar con personal especializado en el combate y persecución de los delitos medioambientales, ya que este tipo de actividades delictivas afecta al medio ambiente, es por ello que estimamos necesario que dicha fiscalía cuente con una unidad especialidad que atienda los hechos que se presentan, toda vez que nuestro Código Penal, establece una serie de conductas delictivas que se cometen en contra del medio ambiente, como es la tala ilegal de árboles, destrucción de estos y demás vegetación, así como la comercialización ilegal de la madera, delitos que en la actualidad por ser de índole estatal, no son perseguidos por la CONAFOR y la PROFEPA, dejando la percepción entre la población afectada de que la autoridad no hace nada para combatir este tipo de situaciones”, dijo la legisladora.
Aunado a ello, puntualizó, se requiere que la Fiscalía General del Estado dote de los recursos presupuestarios suficientes a dicha unidad especialidad, con la finalidad de prestar la función pública de manera adecuada, como lo es no solo tener un área para la recepción de las denuncias y querellas en la materia, sino contar con el personal competente para la persecución de este tipo de delitos.