“Las vemos en las calles, en las instituciones, en los juzgados, en las comisarías, buscando una respuesta, exigiendo justicia. Son guerreras, mujeres de luz, agentes de cambio”
Hoy se realiza la quinta caravana de madres -y familias- de desaparecidos en el país, su exigencia es la justicia y al momento diversas organizaciones han reclamado al Estado Mexicano autonomía en servicios periciales y procuración de justicia por la falta de investigación y resultados en los miles de casos de desapariciones forzadas en México.
“No tenemos nada que celebrar, venimos a denunciar a un gobierno indolente que le apuesta al olvido”, reclaman las víctimas y piden una Ley General de desapariciones que incluya a las familias, así como una búsqueda real en campo y no simulada en papeleos.
Entre otras peticiones se encuentra la creación de un Instituto Nacional Forense y un registro único de desaparecidos, así como políticas públicas y presupuestarias acorde a las dimensiones del problema.
En esta caravana también participaron organizaciones civiles de Chihihuahua quienes evidenciaron un aumento de desapariciones forzadas durante la presente administración, lo cual ya había sido reclamado por Amnistía Internacional en Congreso del Estado.
Las organizaciones manifestaron que de 1976 hasta el 2015 se han registrado en la entidad chihuahuense mil 698 desapariciones forzadas y en la presente administración, la cual abarca del 2010 al 2015, se reportaron mil 273 casos.
El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) comparó la pretensión del gobierno chihuahuense con el intento de la Procuraduría General de la República (PGR) de imponer una “verdad histórica” en el basurero de Cocula en torno al caso Ayotzinapa.
Lucha Castro, titular de esta organización civil, explicó que actualmente Cuauhtémoc y Ayotzinapa son dos casos emblemáticos de la desaparición forzada en México y para dar presuntas soluciones a los problemas, que ya tienen una dimensión internacional, recurren al mismo método, el cual es inventar una solución artifical.
Desde el año pasado se encuentra pendiente el cumplimiento de un peritaje forense para la identificación de restos en la zona occidente, donde las familias demandan que los peritajes de identificación sean realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), sin embargo la Fiscalía está buscando que un laboratorio estadounidense efectúe la identificación sin participación del equipo.