El Congreso de Chihuahua, por mayoría de votos, hizo un llamado urgente a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a resolver de manera inmediata la crisis constitucional que enfrenta el País, ya que ésta genera múltiples efectos nocivos para las familias chihuahuenses, al trastocar el estado de derecho y la seguridad jurídica.
El diputado Francisco Sánchez Villegas, al presentar su proposición, dijo que las ambiciones del régimen centralista nos han llevado a la zona limítrofe del Estado de Derecho, provocando con ello una crisis constitucional, en donde en lugar de asumir una madurez republicana, el régimen azuza a sus huestes para que amenacen, insulten, desprecien y generen discurso de odio contra el Poder Judicial”.
“Hoy lo declaro: ¡Estamos en una crisis constitucional! Los poderes en los que hemos depositado nuestra soberanía no dialogan, no se obedecen, no se coordinan. Los Poderes de la Unión no se ordenan para servir a los ciudadanos, sino para destruirse entre sí”, declaró el diputado.
Asimismo, señaló que el régimen centralista se ha esmerado en desmantelar a las instituciones que tanto trabajo costó diseñar, desde los organismos constitucionalmente autónomos, hasta las emergidas de la sociedad civil, todo con el único fin de concentrar poder.
La proposición obedece a que, en este momento, existen varias suspensiones contra la reforma al Poder Judicial, en donde tanto la presidenta de México, como el Legislativo han decidido ignorarlas, argumentando que el Poder Judicial no tiene capacidad para decidir sobre un tema que le impacta directamente, como lo es la mencionada reforma. Sin embargo, en lugar de presentar recursos legales que sigan los cauces judiciales establecidos, han optado por llevar el tema al debate público, lo cual ha incrementado las tensiones entre los poderes del Estado.
Esta situación, dijo, ha alcanzado un nuevo punto crítico esta semana, cuando se resolvió un incidente de incumplimiento de una suspensión judicial. En este caso, la jueza otorgó a la presidenta Claudia Sheinbaum un plazo de 24 horas para retirar la publicación de la reforma judicial y suspender su ejecución, de lo contrario, se aplicarían las penas por desacato. No obstante, la presidenta declaró públicamente que no cumpliría con la orden, afirmando que “ni una jueza, ni ocho ministros pueden parar la voluntad del pueblo de México”.
La afirmación referida, contradice claramente el artículo 41 de la Constitución, que establece que “el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos”. En este caso, el Poder Judicial es competente para representar la soberanía del pueblo de México a través del control constitucional de los actos del Estado.
Ahora bien, la negativa de acatar las resoluciones judiciales no solo pone en grave riesgo el Estado de derecho, sino que también abrió la puerta a una crisis institucional sin precedentes. La jueza tendrá que notificar al Ministerio Público sobre el desacato de la presidencia, aunque existe la posibilidad de que el Fiscal General, alineado al gobierno, decida archivar el caso. Ignorar las suspensiones judiciales afecta gravemente la protección de los derechos fundamentales, debilitando la independencia del Poder Judicial y erosionando el equilibrio democrático que sustenta al Estado mexicano.
De ahí que, si las leyes dejan de ser respetadas y aplicadas, el Juicio de Amparo y la Constitución misma podrían quedar como meros adornos jurídicos, despojados de su efectividad en la defensa de los derechos ciudadanos, sentenció el legislador.
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