La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de la diputada federal panista por Chihuahua, Cristina Jiménez Márquez, por la cual se creará en el país un registro de personas sentenciadas por el delito de pederastía.
Con el visto bueno por parte de los legisladores federales a la iniciativa de Cristina Jiménez, se estableció en el artículo 24, fracción 20, la obligación de las autoridades para tener el registro oficial de personas sentenciadas por este delito competido en contra de menores.
Con esto se reformaron los artículos 24 y 366 ter, además de adicionar el 209 quárter del Código Penal Federal en materia de integridad de menores, para permitir la creación de dicho registro.
El abuso sexual infantil es uno de los delitos más atroces y dolorosos, porque sus consecuencias resultan irreparables para las víctimas, señaló en tribuna la diputada panista desde la tribuna de la Cámara de Diputados.
Cifras de la OCDE señalan que en México más de 4.5 millones de niños han sido víctimas de abuso sexual, añadió.
Cristina Jiménez comentó que este nuevo elemento de la legislación panel tiene como propósito aumentar las penas a pederastas, pero sobre todo, dotar de información a padres de familia, emperadores o educadores, de quienes son las personas catalogadas como depredadoras sexuales, con base en una sentencia judicial en firme.
Detalló que el registro podrá ser únicamente consultado con base en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente.
Además en el artículo 366 Ter, se estableció que a quienes cometen el delito de abuso sexual en contra de menores de edad, se le podrá poner una pena de tres a diez años de prisión y de cuatrocientos a mil días de multa.
En los casos donde la víctima sea menor de edad o una persona sin la capacidad de comprender el significado del hecho, en el artículo 209 Quáter, quedó establecido que se podrá imponer la prohibición de acudir a lugares donde haya niños o adolescentes, así como cualquier otra medida para garantizar la seguridad de la víctima; o bien, un elemento adicional es que el delincuente quede sujeto a vigilancia policial por la misma cantidad de años de los que haya pasado en prisión.
El registro aprobado, estará a cargo del Centro Nacional de Información, dependiente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual deberá crearse en un plazo de un año contable a partir de la publicación del decreto de reforma; además quedó establecido el respeto en todo momento de los derechos humanos de los sentenciados.
Así mismo contempla la coordinación entre los diferentes cuerpos policiales, la Procuraduría o Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Seguridad, así como todas las demás instituciones de seguridad encargadas de actualizar la información respectiva.