Santiago De la Peña, secretario general de Gobierno expresó su preocupación y desacuerdo con la resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a invalidar el requisito de no antecedentes penales para quienes buscan desempeñarse como conductores en el servicio del transporte público colectivo.
«Si estamos hablando de modernizar el transporte, de reorganizarlo, de dar dar un transporte digno, seguro para los usuarios, pues yo creo que es un aspecto fundamental saber que quien está conduciendo esa unidad, no tiene cierto tipo de antecedentes, sobre todo por la seguridad de los usuarios, concretamente de las mujeres».
Ello luego de que el pasado martes, el Pleno de la Suprema Corte invalidó el artículo 137 fracción III reformado en marzo del 2020 en el que se establece que los conductores de transporte no pueden haber incurridos en delitos dolosos, declarándose inconstitucional por ser violatorio del derecho de igualdad, discriminatorio y por considerarse que, el hecho de que el conductor no haya incurrido en algún hecho ilícito no garantiza mejores condiciones de seguridad en el servicio.
Asimismo, se invalidó el artículo 168 fracción XV de la Ley de Transporte que establece una multa por agresiones verbales a inspectores de Transporte, considerándose inconstitucional por ir en contra del derecho de la libertad de expresión.
Al respecto, Santiago De la Peña dijo que ya se analiza el alcance de la resolución y no obstante con la preocupación que les genera, reiteró que como en otras ocasiones, se respetará y acatará lo que mandate el Poder Judicial de la Federación.
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