La senadora por Chihuahua Lilia Merodio presentó seis dictámenes que la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en donde no solamente se busca garantizar una mayor calidad de vida de los servicios de salud a los adultos mayores, sino también a las personas con discapacidad para que tengan una mejor calidad de vida, mismos que fueron aprobados.
Durante su intervención en tribuna la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Lilia Merodio, en nombre de los integrantes de dicha comisión presento seis dictámenes que tienen por objeto exhortar primeramente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a rendir un informe detallado sobre la conveniencia de firmar por parte del Estado mexicano, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ya que esto ayudará a evaluar el camino que se debe tomar para que el Estado mexicano pueda procurarles mayor protección, velando siempre por sus derechos humanos, seguridad y justicia.
Merodio Reza señaló que en segunda instancia se exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) para que refuercen sus acciones, programas y estrategias destinados a fomentar, atender, procurar, apoyar y promover el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores.
Finalmente Lilia Merodio propuso reformar el artículo 8 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para eliminar la discriminación hacia las personas adultas mayores por su origen étnico, nacional, género, edad, discapacidades, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra su dignidad humana.
Lilia Merodio enfatizó que con esto se consolida la inclusión, respeto, dignidad y calidad de vida de las personas adultas mayores, recordando que ellos son una fuente de conocimiento, valores y enseñanzas, y por tal motivo debemos construir políticas públicas que garanticen su pleno desarrollo.
De igual forma Lilia Merodio destacó que en el Senado de la República se han aprobado reformas en materia de transparencia, precisamente para optimizar el uso de los recursos públicos y erradicar la opacidad en su destino.
“Si bien resulta fundamental el uso racional de los recursos federales, es mayor cuando se trata del presupuesto que se destina para la atención e inclusión de personas con discapacidad”, destacando que en México, de acuerdo con el INEGI, las personas que tienen algún tipo de discapacidad son casi los seis millones, lo que representa 5.1% de la población total en nuestro país, señaló.
Ante estos hechos Merodio Reza hizo un llamado a las entidades federativas para que rindan un informe a esta Soberanía, sobre el proceso que han realizado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para recibir recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las personas con discapacidad.
“Porque las personas con discapacidad enfrentan múltiples dificultades para ejercer con plenitud sus derechos, sobre todo los relacionados con su accesibilidad y movilidad”, concluyó.