Habitantes de comunidades indígenas pertenecientes al municipio de Bocoyna, entre ellas Majimachi, Pitorreal y Kawirare, y de los gobernadores indígenas de Repechike y Rochivo, lograron frenar las obras de construcción del gasoducto El Encino-Topolobampo, ante la falta de información que dicen tienen del proyecto y la presión en la compra de las tierras por parte de las empresas Grupo Desarrollo Infraestructura (GDI) y TransCanada.
Así lo informa Proceso, al destacar que “en una reunión realizada en Creel con representantes de la Secretaría de Energía (Sener), el gobernador de San Luis Majimachi suscribió un acuerdo de consentimiento, pero lo hizo bajo presión y sin conocer el contenido del proyecto. Por tal razón, la comunidad desconocieron el convenio y decidieron no ratificarlo en una reunión celebrada el 17 de marzo en esta comunidad. A pesar de no contar con el consentimiento de la población, las empresas reiniciaron las obras amparados en la aprobación de ejidatarios a quienes ya les habían pagado sus parcelas, aseguró Sserafín Mendoza Hernández, gestor de la empresa GDI”.
“Fueron presionados (los gobernadores) por la CDI y Coordinación de la Tarahumara para que firmaran. TransCanada está ofreciendo beneficios pero no saben qué ofrecieron (…) les piden escuelas, arreglar la comunidad, luz eléctrica, pero eso es obligación de los gobiernos”, opina Javier Molina, habitante del ejido de San Luis de Majimachi.
El pasado viernes 1, alrededor de las 11 de la mañana, la gente de San Luis de Majimachi acompañada de otras comunidades, se acercaron a las máquinas pesadas que abren camino por 560 kilómetros desde Chihuahua hasta Topolobampo, la mayor parte en la Sierra Tarahumara.
“Venimos a ver qué ha sucedido, porque habíamos quedado que no iban a seguirle con las máquinas”, cuestionó uno de los pobladores a los ingenieros encargados de la obra, quienes respondieron que tenían entendido que hoy se reunirían en Majimachi.
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