La Comisión Permanente dio entrada a una iniciativa de decreto enviada por el Congreso de Chihuahua, por la cual se reforma la Ley con el propósito de que las sociedades no inscriban por ningún motivo, créditos cuya fecha de origen no sea especificado por los usuarios, o cuando éste tenga una antigüedad en cartera vencida mayor a 48 meses y no 72 como se establece actualmente.
El proyecto, turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, de también prevé que los clientes tengan derecho a solicitar a las sociedades el envío gratuito de su reporte de Crédito Especial hasta en dos ocasiones en el término de doce meses y no, como se establece actualmente, por una ocasión
“Por resolución de la Comisión en el Congreso de Chihuahua se estimó que en caso de finiquito o pago, resultaba mejor reducir aún más el término propuesto por los Iniciadores, acordando fueran 3 meses en lugar de los 18 que solicitan. Lo anterior ya que es contrario a toda lógica que se les siga incluyendo en el buró de crédito si mediaron las situaciones que se describen en el contenido del mismo numeral, y en un acto de justa retribución se debe disminuir considerablemente ese plazo.
Señalan los Iniciadores como sustento a su pretensión que dada la crisis económica mundial que impera, de la cual nuestro país no queda fuera, y en razón del incremento de los precios de bienes y servicios, pérdida del poder adquisitivo entre otros factores, resulta innegable que gran parte de la sociedad en distintos países y por supuesto en México, encuentra un gran apoyo para solventar su precaria situación en la solicitud de créditos.
Esta Comisión agrega a lo señalado en el párrafo próximo anterior que, sin duda, la obtención de créditos no solo beneficia a la economía familiar de las personas para sustentar sus necesidades básicas, sino que también representa la forma idónea para incentivar la apertura de nuevas empresas y por tanto, constituye un requisito sine qua non para la creación y desarrollo de negocios que, a su vez, serán fuentes de empleo que traerán consigo un desarrollo económico regional, estatal y nacional”.
Se establece que las Sociedades, en un plazo que no exceda de tres meses, deberán eliminar la información relativa a estos créditos, así como las claves de observación correspondientes, contado a partir de la fecha en que se incorpore en el historial crediticio el primer incumplimiento.