“Debemos de reconocer ampliamente la prudencia y cautela, con apego al marco de la ley, que el gobierno sostuvo al hacer el anuncio sobre los primeros hallazgos en las investigaciones sobre la corrupción de la anterior administración, pues sin instrumentar un show mediático y sin exhibir a nadie, dio cumplimiento a su compromiso de informar a los chihuahuenses sobre las condiciones en que recibió el Estado”, dijo Fernando Álvarez Monje.
Al comentar sobre la rueda de prensa que el jefe del gabinete de gobierno del Estado, Gustavo Madero Muñoz y la secretaria de la Función Pública, Rocío Stefani Olmo, ofrecieron este mediodía para dar a conocer parte de la información obtenida durante el primer mes de revisión de la administración pública estatal, el dirigente estatal del PAN precisó que destaca el respeto institucional al principio de presunción de inocencia de los posibles responsables de corrupción en el gobierno anterior y su estricto apego al marco jurídico que privilegia la secrecía de las averiguaciones previas para garantizar la correcta procuración de justicia.
“Los funcionarios públicos estatales mostraron un panorama general de los graves actos de corrupción detectados, entre los que destaca la reiterada violación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, al adjudicar directamente más del 60 por ciento del presupuesto para obras y servicios a proveedores privilegiados de la anterior administración, algunos incluso agrupados en empresas fantasmas, al fraccionar el presupuesto requerido para evadir el cumplimiento de la norma”, señaló.
Apuntó que de 5 mil millones de pesos de presupuesto en este rubro, el gobierno de César Duarte solo licitó 2 mil millones, con lo que estuvo en posibilidades no solo de desviar millones de pesos en recursos públicos, sino también de privilegiar a contratistas y proveedores amigos de su administración.
“Destaca también la venta de bienes del Estado a precios irrisorios a familiares del ex gobernador de Chihuahua y la utilización de contratos desventajosos para el Estado en este tipo de transacciones, en donde Chihuahua perdió más de la mitad de su patrimonio territorial”.
“Sin embargo, queremos destacar la forma responsable y prudente en que fue dada a conocer la información sobre estos graves actos de corrupción, sin linchamientos públicos y sin convertir en un show mediático un asunto que habrá de ampliarse públicamente la próxima semana y que de entrada solo incluyó los aspectos generales del gigantesco grado de corrupción que fue detectado del anterior gobierno”, puntualizó.