El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luís Armendáriz, que la queja por la supresión de becas alimentarias a estudiantes indígenas ha sido radicada una vez que se presentó por el Consejo Indígena para solicitar informes de organismos como la Coordinadora de la Tarahumara para así establecer la legalidad de haberse detenido el apoyo, así como la urgencia real de que sea entregado.
José Luís Armendáriz indicó que en relación a la denuncia presentada por el Consejo Indígena se interpuso desde el miércoles donde este grupo expresando su inconformidad por la supresión de las becas en los albergues y escuelas, ésta ha sido radicada solicitando los informes de autoridades como la coordinadora de la Tarahumara.
“Está transcurriendo el plazo para que presenten su informe”, dijo José Luís Armendáriz al destacar que la recomendación que se hará será con base a la revisión de aspectos como la certeza de los hechos denunciados, así como la legalidad de la medida que se tomó para la supresión y las particularidades de la urgencia de la afectación a los menores.
“Hay que revisar varios aspectos para determinar la legalidad de la acción y la urgencia de la misma… son escolares en cuanto a la vinculación a niños y niñas y albergues, que están anexos a instituciones educativas”, acotó que la revisión determinará si las becas están ligadas o con independencia del ciclo escolar.
Aseguró que se revisará la viabilidad del sustento del programa, además en materia de derechos económicos y sociales las capacidades de la autoridad.