La Secretaría del Trabajo y el gobierno del estado de Baja California Sur violaron las garantías de indígenas tarahumaras al rescatarlos de explotación laboral que sufrían en campos agrícolas del municipio de Comondú de esa entidad, en marzo de 2015, asegura la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En la recomendación 28/2016 enviada al secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, y el gobernador Carlos Mendoza Davis, el organismo nacional señala que en su traslado fuera de Baja California no se atendió ni consideró su condición de vulnerabilidad, aun cuando entre ellos había personas menores de edad.
En marzo de 2015, la Secretaría del Trabajo informó del rescate de 200 jornaleros agrícolas –entre los que se encontraban niños y mujeres- de la sierra Tarahumara que eran víctimas de explotación, reclutados con engaños en el municipio de Creel, Chihuahua, para trabajar para la empresa Corporativo El Cerezo Sociedad Agrícola.
Los trabajadores agrícolas laboraban en condiciones inhumanas, expuestos a enfermedades, donde incluso estaban retenidos de manera ilegal. La dependencia dijo en ese entonces que podrían configurarse delitos como trata de personas, privación de la libertad, explotación laboral e infantil e incluso violaciones de los derechos humanos.
La CNDH señala en su recomendación que los trabajadores indígenas fueron sacados de Baja California Sur sin base legal que soportara las acciones de las autoridades intervinientes, tanto federales como estatales, a pesar de que había investigaciones ministeriales del fuero común en trámite, que algunos de ellos podrían haber sido víctimas de algún delito y se encontraban menores de edad entre ellos.
La Secretaría del Trabajo omitió velar por el respeto de los derechos laborales en agravio de los jornaleros indígenas Rarámuris, no brindó atención, asesoría y orientación en el ámbito de su competencia a los dos jóvenes que escaparon del lugar donde se encontraban recluidos y dieron a conocer el caso.
Además, la dependencia omitió dictar suficientes medidas urgentes para garantizar a los jornaleros rescatados una protección eficaz en sus derechos e informarlos de estos en términos de la legislación laboral.
Igual circunstancia ocurrió con el gobierno estatal, donde la Procuraduría General de Justicia local omitió dictar medidas de protección y seguridad inmediata, e incluso en favor de niñas, niños y adolescentes por este caso.
Fuente: La Jornada