Solicitará PAN destituir a Flores Anguiano y Acosta Barrera

Noticias de Chihuahua.-


La diputada panista Laura Marín, presentará ante el Congreso del Estado una iniciativa con carácter de decreto a efecto de derogar los decretos por medio de los cuales se reeligió como magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para una sala Regional del ramo Civil y penal, respectivamente, con sede en Hidalgo del Parral, a la licenciada Otilia Flores Anguiano y a Gerardo Javier Acosta Barrera y que se ordene reposición del procedimiento impugnado, debido a que, según expone en su documento, la Sexagésima Cuarta Legislatura se adelantó al nombramiento.

Así pues, el documento, mismo que iba a ser presentado el día de ayer durante la sesión pero se pospuso debido a que la legisladora presentó malestares corporales luego de que sufriera un accidente automovilístico en la carretera Panamericana el pasado lunes, indica que la aprobación en el cargo de los magistrados adolece de legalidad al emanar de la 64 Legislatura, pues carecían de atribuciones para hacerlo, en virtud de que el plazo de 90 días previos para la remisión de los expedientillos formados con motivo del procedimiento de reeleción, era a partir del 1 de octubre y no el 19 de septiembre como lo efectuó el entonces presidente del TSJ, Gabriel Sepúlveda.

“Además, llama la atención el actuar de los diputados de la 54 Legislatura, en razón de que el recibimiento de los expedientillos, el turno a la Comisión Legislativa, la celebración de la reunión donde se aprobaron dichos dictámenes, así como la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones y la aprobación por el Pleno del Congreso fue en tan sólo 48 horas”, versa la iniciativa cuya fecha de lanzamiento aún se desconoce dado el estado de salud de la diputada.

Por lo anterior, la presidenta de la comisión de Justicia considera que tal anticipación en la reeleción viola las formalidades esenciales del procedimiento, pues no se ajusta a los plazos legalmente establecidos, vulnerándose con ello el debido proceso legislativo y por ende, el derecho humano a la seguridad jurídica.